Fiscalía de Madrid solicita la imputación del economista clave en la defensa del novio de Ayuso

La Fiscalía de Madrid está intensificando la presión sobre el caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un giro reciente, el Ministerio Público ha solicitado formalmente a la jueza encargada del caso que impute a Javier Luis Gómez Fidalgo, el economista que asesoró y defendió a González Amador ante Hacienda. Esta solicitud, según fuentes cercanas al caso y reportado por El País (Peinado, 2024), marca un punto crítico en la investigación por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos mercantiles.

¿Quién es Javier Luis Gómez Fidalgo y cuál es su rol?

Javier Luis Gómez Fidalgo no es un nombre ajeno al entramado financiero de Alberto González Amador. Este economista, según la Fiscalía, jugó un papel crucial al presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de las empresas de González Amador en los años 2020 y 2021. Posteriormente, durante un año y medio, se encargó de defender a su cliente frente a las investigaciones de Hacienda. La Fiscalía ahora lo considera un cooperador necesario en los presuntos delitos fiscales que ascienden a 350.910 euros (Peinado, 2024).

La conexión entre Fidalgo y González Amador va más allá de la asesoría fiscal. Fidalgo es administrador de Babia Capital SL, una empresa que, curiosamente, adquirió el ático situado justo encima del piso donde residen Amador y Ayuso. Esta compra se concretó apenas dos días después de que la pareja registrara la adquisición de su propia vivienda, un detalle que ha levantado aún más sospechas y que ha sido destacado por medios como Eldiario.es y confirmado por El País (Peinado, 2024).

El Ministerio Público y la ampliación de la investigación

La solicitud de imputación de Fidalgo se enmarca dentro de la pieza original de la investigación a González Amador, iniciada en marzo del año anterior y recientemente prorrogada debido a la proximidad del plazo máximo de instrucción. Paralelamente, la jueza también está investigando al empresario por presunta corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada, la cual recibió el visto bueno de la Audiencia Provincial la semana pasada. Este aval supone un revés significativo para González Amador y aumenta considerablemente la posibilidad de que termine en prisión si es declarado culpable en ambas causas (Peinado, 2024).

Además, la lupa de la investigación se ha ampliado para incluir la relación económica de González Amador con el influyente grupo sanitario Quirón. La Fiscalía subraya que Fidalgo no fue un simple asesor contratado durante la inspección de Hacienda, sino que presentó liquidaciones sospechosas que, según la investigación, contenían información falsa. Durante la inspección, que se prolongó desde mayo de 2022 hasta enero de 2024, Fidalgo presentó alegaciones que posteriormente se demostraron falsas (Peinado, 2024).

Implicaciones y posibles escenarios

La imputación de Javier Luis Gómez Fidalgo podría tener consecuencias significativas para la defensa de Alberto González Amador. Si se confirma su participación como cooperador necesario en los delitos fiscales, la situación legal de la pareja de la presidenta Ayuso se complicaría aún más. La investigación está avanzando y las autoridades judiciales están recopilando pruebas para determinar el alcance de la presunta trama de fraude fiscal.

Según Peinado (2024), el Ministerio Público también ha solicitado que se cite como testigo a María Blanca de la Encarnación López Crespo, otra economista que trabajó en la liquidación de los impuestos de las empresas investigadas. Su testimonio podría aportar información crucial para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.

¿Qué sigue en la investigación?

El caso continúa su curso judicial. La jueza deberá decidir si acepta la solicitud de la Fiscalía e imputa formalmente a Javier Luis Gómez Fidalgo. Las próximas semanas serán clave para determinar el futuro de la investigación y el posible impacto político que pueda tener en la Comunidad de Madrid.

La sociedad española está atenta a los avances de este caso que involucra a figuras públicas y empresarios, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y la ética en los negocios y la política.

Referencias