Juez mantiene activa investigación sobre contratos sanitarios de Andalucía

El juez mantiene viva la investigación sobre los contratos sanitarios de Andalucía

El juez Javier Santamaría, encargado de investigar los contratos de emergencia sanitaria de la Junta de Andalucía, ha rechazado archivar la causa y abrir pesquisas sobre las contrataciones realizadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las ocho provincias de la región.

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Sin conexión con los expedientes centrales

El magistrado considera que no existe conexión entre los dos expedientes millonarios de los servicios centrales que investiga y los contratos cerrados desde las plataformas logísticas sanitarias provinciales. Por ello, serán otros juzgados en dichas provincias los que asuman los posibles delitos.

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Rechazo a elevar la fianza

En paralelo, el juez también ha rechazado elevar a 15.000 euros la fianza planteada para cada uno de los 30 diputados del PSOE que firmaron la querella, que habían abonado 5.000 euros.

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El PSOE reclama ampliar las pesquisas

El PSOE, partido que presentó la querella, solicitó al magistrado que extendiera las pesquisas a las centrales provinciales de compras del SAS, que han concertado múltiples servicios sanitarios con hospitales privados desde la pandemia.

El juez desestima la petición

Sin embargo, el juez rechaza esta pretensión, argumentando que cada contrato provincial corresponde al juzgado de instrucción correspondiente, ya que es el lugar donde se dicta la resolución, se suscriben los contratos y despliegan sus efectos.

Reacciones políticas

Tras conocer el auto, la portavoz de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, afirmó que la causa "se desinfla cada día que pasa". Por su parte, el PSOE ha valorado que "la autoridad judicial estima que, sin poner en duda los indicios delictivos, el análisis de estos contratos provinciales les corresponde a los juzgados de instrucción provinciales".

"Este juzgado no es competente para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales, no existe justificación", ha declarado el juez Javier Santamaría.