Investigación judicial en marcha por la devastadora DANA en Valencia
La investigación sobre la trágica DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre, cobrando la vida de 225 personas y dejando tres desaparecidos, está avanzando. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, está citando a declarar a varios responsables políticos para esclarecer los hechos. Según informa Joaquín Gil de El País, las comparecencias comenzarán en abril.
Primeras declaraciones de imputados
El 11 de abril, Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias de la Generalitat, y Emilio Argüeso, ex secretario autonómico del mismo departamento, están siendo llamados a declarar como imputados. Esta decisión surge después de que la jueza les otorgara la condición de investigados la semana pasada, tras su destitución por el president Carlos Mazón, cuatro semanas después de la catástrofe. La magistrada está considerando que Pradas, ya sin aforamiento, estaba actuando como «máxima autoridad» en la implementación de «medidas de autoprotección de la población» durante las inundaciones, según reporta El País (Gil, 2025).
Testigos clave en el proceso
Además de los imputados, la jueza también está citando a declarar como testigos a figuras relevantes de la administración pública. El 14 de abril, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana (PSPV-PSOE), y Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia (PP), están prestando testimonio. Dos técnicos también están compareciendo ante el juzgado el 29 de abril. Es importante señalar que, al declarar como testigos, estas autoridades están obligadas a decir la verdad, so pena de ser acusadas de falso testimonio.
Negativa a la imputación de Pilar Bernabé
La jueza ya ha rechazado la petición del grupo ultra Hazte Oír de imputar a Bernabé, argumentando que la gestión de Emergencias del 29 de octubre era «competencia autonómica», basándose en el Estatuto de Autonomía y otros argumentos legales. Esta decisión está resaltando la complejidad de la distribución de responsabilidades en la gestión de la crisis.
Solicitud denegada sobre vehículos oficiales
La instructora también está denegando la solicitud de la acusación popular, ejercida por Acció Cultural del País Valencià, de requerir datos sobre los vehículos oficiales usados por el president Carlos Mazón y sus escoltas el día de la DANA. La jueza justifica esta negativa debido a la condición de aforado del jefe del Consell, lo que, según ella, «no está haciendo factible» la «realización de diligencias de investigación sobre su actuación» (Gil, 2025). Asimismo, se están rechazando solicitudes similares con respecto a la entonces consejera de Emergencias y su secretario autonómico, argumentando que no hay constancia de que no se hubieran incorporado a la reunión del Cecopi (el centro de emergencias de la Generalitat) o que su incorporación se hubiera producido con retraso.
Grabaciones de audio del Cecopi
En cuanto a las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi del día 29 de octubre, la jueza está considerando que deben ser estos quienes manifiesten si poseen ese material y si «voluntariamente están prestando su conformidad» para aportarlas al proceso una vez se les reciba declaración. Este punto está subrayando la importancia de la transparencia y la colaboración en la investigación.
Próximos pasos en la investigación
Tanto la providencia como el auto notificados no son firmes y contra ellos caben recurso, lo que indica que la investigación está aún en una fase inicial y podría haber cambios en el futuro. La sociedad valenciana está siguiendo de cerca este proceso, esperando que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades. La magnitud de la tragedia exige una investigación exhaustiva y transparente para evitar que una situación similar se repita en el futuro.
Implicaciones políticas y sociales
La investigación sobre la DANA está teniendo importantes implicaciones políticas y sociales en la Comunidad Valenciana. La destitución de altos cargos y las citaciones judiciales están generando debate y controversia en la opinión pública. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la gestión de emergencias. La investigación está ofreciendo una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la prevención y la preparación ante desastres naturales, así como para mejorar los protocolos de actuación y la coordinación entre las diferentes administraciones.
Conclusión
La investigación judicial sobre la DANA de Valencia continúa avanzando, con nuevas declaraciones y decisiones que podrían arrojar luz sobre lo sucedido. La sociedad valenciana está exigiendo respuestas y justicia para las víctimas de esta tragedia. El proceso está siendo complejo y delicado, pero es esencial para aprender de los errores del pasado y construir un futuro más seguro y resiliente.
