Los abusos inmobiliarios agudizan la ya descarnada crisis de la vivienda en España
En el convulso mercado inmobiliario español, la búsqueda de una vivienda se está convirtiendo en una odisea plagada de obstáculos y prácticas cuestionables. Según Sandra López Letón, de El País, la escasez de oferta y los precios históricos, tanto en venta como en alquiler, están creando un caldo de cultivo perfecto para que algunas agencias inmobiliarias operen de manera agresiva, maximizando sus ingresos a costa de los inquilinos y compradores. Este fenómeno, denunciado por diversas asociaciones de consumidores, está precarizando aún más el acceso a la vivienda en un momento de gran necesidad.
¿Qué tipo de abusos se están cometiendo?
Las prácticas abusivas son variadas y se están volviendo cada vez más frecuentes. Entre ellas, destacan:
- Cobro por visitar pisos: Exigir dinero antes de permitir el acceso a la propiedad.
- Pagos anticipados: Solicitar dinero antes de la firma del contrato o incluso para proporcionar información básica sobre la vivienda.
- Cláusulas abusivas: Imponer condiciones desfavorables en los contratos.
- Honorarios de agencia ilegales: Cobrar honorarios al inquilino, práctica prohibida desde mayo de 2023 por la ley de vivienda.
- Presiones para firmar: Obligar a aceptar condiciones hipotecarias o contractuales impuestas por la agencia.
Según Eloy Gutiérrez, responsable del área de Vivienda de CECU, «las prácticas abusivas se siguen incrementando cada día. Son habituales y conocidas y, en algunos casos, incluso son fácilmente constatables a través de los portales inmobiliarios».
Testimonios de afectados
Celia Deus, una joven de 35 años, relata su experiencia buscando piso en Madrid: «Encontramos uno que nos gustó mucho por 1.300 euros en Idealista y contactamos con una agencia de Carabanchel que tiene muchas franquicias. Exigían el mes de alquiler, un mes de fianza y un mes de honorarios de agencia, aunque lo llamaban gastos de gestión». A pesar de conocer la ilegalidad de este cobro, Celia y sus amigas pagaron con la intención de reclamar posteriormente.
Tras reclamar la devolución del dinero, la agencia les devolvió el dinero en efectivo bajo la condición de firmar un acuerdo de confidencialidad. «Nos entregaron un sobre con el dinero en efectivo y nos hicieron firmar un documento en el que decía que no íbamos a exponer públicamente ni ante las administraciones sus prácticas abusivas», cuenta Deus.
La respuesta de las asociaciones de consumidores
Las asociaciones de consumidores están alzando la voz ante esta situación. Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, señala que el número de consultas y reclamaciones en materia de vivienda creció significativamente en 2024, superando las 40.000, frente a las 32.373 del año anterior. Esto refleja la creciente preocupación y frustración de los consumidores.
Facua Madrid logró que la inmobiliaria La Casa Agency reembolsara a una arrendataria 1.100 euros cobrados ilegalmente en concepto de gastos de gestión. Esta organización ha denunciado a una treintena de inmobiliarias, incluyendo nombres conocidos como Alquiler Seguro y Agencia Negociadora del Alquiler.
La postura del sector inmobiliario
José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), defiende que las malas prácticas son minoritarias y aboga por la «tolerancia cero» ante estos casos. El sector apunta a los agentes *freelance* como principales responsables y promueve la formación y la divulgación de buenas prácticas.
Según Alfaro, «se llevan a cabo acciones de formación y de divulgación» y aboga por habilitar instrumentos de control y supervisión en colaboración con las administraciones, organizaciones de usuarios, notarios y las propias agencias.
Vacíos legales y falta de sanciones efectivas
Uno de los principales problemas es la falta de un régimen sancionador efectivo. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, considera que la multa impuesta a Adamas Homes por la comunidad autónoma andaluza es «una invitación al fraude», ya que es inferior a lo ingresado ilegalmente por la empresa por alquilar un solo piso.
El abogado experto en Derecho inmobiliario Alejandro Fuentes-Lojo coincide en la necesidad de sanciones más severas: «Sin un régimen sancionador que penalice estas conductas, van a continuar». Sin embargo, destaca la excepción de Cataluña, que ha aprobado multas de hasta 900.000 euros para quienes no cumplan con la regulación de los precios del alquiler o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada.
El alquiler de temporada como vía de escape
La intervención pública en el mercado del alquiler ha llevado a algunas agencias y propietarios a buscar artimañas para evadir la regulación. Una de ellas es recurrir, falsamente, al alquiler de temporada, disfrazando arrendamientos tradicionales para poder cobrar honorarios al inquilino.
«Cada vez es más habitual ofrecer a los inquilinos alquileres de menos de un año, como si fueran contratos temporales, a los que no se aplica la LAU con todos sus efectos», detalla Gutiérrez. El Sindicato de Inquilinas de Madrid critica que se «imponen contratos de temporada sin justificación obligando a renovaciones constantes con subidas de precio».
Recomendaciones para protegerse de los abusos
Ante este panorama, es fundamental que los inquilinos y compradores estén informados y tomen precauciones. Algunas recomendaciones clave son:
- Informarse sobre sus derechos: Conocer la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la legislación vigente en materia de vivienda.
- Desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser verdad: Investigar la reputación de la agencia inmobiliaria antes de contratar sus servicios.
- No pagar por adelantado: Negarse a pagar honorarios o comisiones antes de la firma del contrato.
- Revisar cuidadosamente el contrato: Asegurarse de que no contiene cláusulas abusivas o condiciones desfavorables.
- Denunciar las prácticas ilegales: Poner en conocimiento de las asociaciones de consumidores y las autoridades competentes cualquier abuso detectado.
¿Qué está haciendo el gobierno?
Según El País, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está investigando a varias agencias desde octubre de 2024. Sin embargo, un portavoz dice no poder dar más detalles hasta ver si las pesquisas terminan o no en la apertura de un expediente sancionador.
Es importante que se tomen medidas contundentes para proteger a los consumidores y garantizar un acceso justo y equitativo a la vivienda. La transparencia, la información y la defensa de los derechos de los ciudadanos son pilares fundamentales para construir un mercado inmobiliario más justo y sostenible.
