Reapertura de mina de cobre en Touro enfrenta controversia por acusaciones de contaminación
La posible reactivación de una mina de cobre en Touro, Galicia, se encuentra en el centro de la polémica. A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por impulsar la extracción de minerales estratégicos, la reapertura de esta mina se ve ensombrecida por graves acusaciones de contaminación que pesan sobre los empresarios responsables. La Fiscalía está solicitando penas de prisión para directivos de la empresa Explotaciones Gallegas, dueña de los terrenos, por presuntos vertidos tóxicos a ríos cercanos durante años.
Antecedentes y Acusaciones
Según la información proporcionada por Sonia Vizoso de El País, la Fiscalía pide dos años de cárcel para dos directivos de Explotaciones Gallegas por un delito contra el medio ambiente. Se les acusa de verter aguas contaminadas con metales pesados a un afluente del río Ulla, afectando gravemente la calidad del agua y los ecosistemas circundantes. La empresa, en alianza con Atalaya Mining, busca obtener el permiso ambiental de la Xunta de Galicia para reactivar la explotación minera.
Las acusaciones señalan que los vertidos se produjeron de manera continua y con pleno conocimiento por parte de los administradores de la empresa. Esta situación ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones vecinales y ecologistas, quienes denuncian el daño ambiental causado por la actividad minera.
El historial de Explotaciones Gallegas
Explotaciones Gallegas, una empresa con una larga trayectoria en el sector de la construcción en Galicia, adquirió el yacimiento de Touro en 1993. Esta antigua mina de cobre, abandonada en 1986, presentaba ya problemas de contaminación. Desde entonces, la empresa se ha dedicado a la extracción de áridos y a la gestión de residuos en la zona. Sin embargo, desde 2017, ha intentado obtener la autorización para reactivar la extracción de cobre.
El juzgado de Arzúa ha estado investigando las operaciones de la empresa durante seis años, tras una denuncia de una asociación vecinal. La investigación ha concluido que los acusados causaron un daño importante al medio ambiente y a la calidad de las aguas, afectando gravemente la flora y la fauna. La Fiscalía solicita una multa para la empresa, así como penas de cárcel, sanción e inhabilitación para sus administradores.
Fuentes de Contaminación
La investigación ha identificado dos fuentes principales de contaminación:
- Una balsa de aguas anaranjadas, ubicada cerca del antiguo depósito de lodos estériles de la explotación. Esta balsa, que carece de un sistema de impermeabilización, recibe un caudal de aguas subterráneas contaminadas con metales pesados. Un sistema de tuberías conduce esta corriente contaminante fuera del perímetro de la mina y la vierte directamente a la cabecera del arroyo Barral, que desemboca en el río Lañas, afluente del Ulla.
- Lixiviados con condiciones de extrema acidez, elevada conductividad eléctrica y alto contenido en hierro y cobre. Estos lixiviados también fluyen hacia los ríos, sin que se hayan tomado medidas correctoras para evitarlo.
Los análisis realizados en 2019 y 2021 revelaron la presencia de amonio y metales pesados en valores que superan los límites aceptables. Según la Fiscalía, la acidez del agua provoca la oxidación de los sulfuros accesorios, liberando metales pesados y metaloides tóxicos como arsénico, cadmio, cobalto, cobre, níquel, plomo y zinc.
Reacciones y Controversias
Isabel García, portavoz de la Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non y de Ecoloxistas en Acción, denuncia que Explotaciones Gallegas arrastra un historial de multas por sus vertidos a los ríos. García afirma que las aguas contaminadas de la vieja mina siguen saliendo y que la empresa no es capaz de frenarlas. La portavoz critica la inacción de la Administración, que, según ella, es conocedora de la situación, pero no plantea soluciones efectivas.
Por su parte, fuentes de Explotaciones Gallegas argumentan que la causa judicial no debería afectar a su proyecto de reapertura de la mina. Cobre San Rafael, la empresa que tramita la reactivación ante la Xunta, afirma que la contaminación a la que se refiere la Fiscalía es anterior a la instalación de la planta de tratamiento de aguas y al drenaje y canalización que se han implementado para restaurar la zona. Aseguran contar con datos actualizados que avalan la mejora de la calidad del agua en el entorno.
Los opositores a la reapertura de la mina, sin embargo, no están convencidos. Argumentan que el drenaje ácido de la vieja mina es imposible de frenar, tanto con las medidas que ya se han tomado como con las que se planean implementar. La Plataforma Veciñal Mina Touro-O Pino Non solicitará a la Xunta que archive el proyecto de reapertura de la mina, alegando la incapacidad técnica y negligencia de la empresa promotora.
Implicaciones Ambientales y Económicas
La controversia en torno a la reapertura de la mina de cobre en Touro pone de manifiesto la tensión entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. La Unión Europea busca asegurar el suministro de minerales estratégicos para impulsar la transición energética y la economía digital. Sin embargo, la extracción de estos minerales puede tener graves consecuencias ambientales, como la contaminación del agua y del suelo.
En el caso de Touro, la contaminación del río Ulla podría afectar a la ría de Arousa, una zona rica en marisco y de gran importancia económica para la región. La oposición a la reapertura de la mina refleja la preocupación de la comunidad local por los posibles impactos negativos en su medio de vida y en el medio ambiente.
La decisión final sobre la reapertura de la mina de cobre en Touro recae en la Xunta de Galicia, que deberá sopesar los argumentos a favor y en contra y determinar si el proyecto cumple con los requisitos ambientales y legales. Este caso representa un desafío para las autoridades, que deben encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
