El conflicto legal que enfrenta Argentina en Nueva York por la expropiación de YPF ha escalado otro peldaño. Meses después de recibir un fallo favorable y el derecho a una compensación de hasta 16.000 millones de dólares, los demandantes avanzaron con su reclamo, que incluye una petición para que se transfiera a su nombre el 51% de las acciones de la petrolera, actualmente propiedad del Estado.
Una solicitud ambiciosa
La solicitud de los demandantes fue revelada en documentos presentados ante la corte de Loretta Preska por abogados de los fondos Eton Park y Burford, que representan a dos empresas fundadas por la familia Eskenazi (Petersen Energía y Petersen Energía Inversora). Inicialmente, los demandantes pidieron que su reclamo se mantuviera confidencial, pero Preska rechazó su petición.
Preska reconoció la importancia del tiempo en los esfuerzos de los demandantes por presionar a Argentina a llegar a un acuerdo o cobrar la indemnización, pero desestimó el argumento de confidencialidad. Según su fallo, la información sobre el caso, la titularidad de las acciones y el fallo de indemnización "ha estado disponible públicamente durante un tiempo", por lo que la corte "no está convencida" por los argumentos de los demandantes.
La transferencia del 51% de las acciones
La decisión de Preska revela la audaz solicitud de los demandantes, quienes piden formalmente la transferencia del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado. Preska, aunque no ha tomado una decisión definitiva sobre el tema, había reconocido previamente que parte de ese paquete accionario (los títulos en manos del Estado Nacional, no la porción asignada a las provincias) podría tomarse como garantía para evitar embargos.
Un nuevo avance de los demandantes
Esta solicitud es un nuevo avance de los abogados de los demandantes, quienes hace unas semanas acusaron al país de "retacear información" sobre sus activos en el extranjero. En un escrito de 122 páginas presentado ante la corte de Preska, los beneficiarios del fallo confirmado en 2023 sostienen que Argentina no está cooperando en el proceso de descubrimiento de activos, una instancia judicial que apunta a identificar bienes u otros instrumentos que puedan embargarse mientras el país incumple la sentencia adversa.
Los beneficiarios presionan para descubrir qué activos embargables existen, en un procedimiento derivado del fallo de 2023. Su reclamo se dirige a un conjunto de activos, incluyendo inicialmente el 51% de las acciones de YPF expropiadas por Argentina a Repsol, así como otras acciones de la petrolera en manos del Estado, depósitos bancarios, acreencias, activos financieros y otros bienes que superen el millón de dólares.
El conflicto legal en marcha
El conflicto legal se remonta a una demanda iniciada en 2015 por el estudio inglés Burford Capital, tras adquirir los derechos para litigar contra Argentina de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. La demanda cuestiona la forma en que Argentina, con Cristina Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como viceministro de Economía, procedió a la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera que estaban en manos de Repsol.
Según los demandantes, cuyo argumento fue validado por Preska, Argentina no respetó los estatutos de YPF, que establecían que en una operación como la realizada, el comprador (en este caso, el Estado argentino) debía realizar también una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios de la empresa.
Tras el fallo de primera instancia de Preska, Argentina notificó a la jueza el 11 de octubre de 2023 que apelaría. La jueza había dispuesto que el país tenía plazo hasta enero para presentar el "primer escrito" con sus argumentos iniciales para la apelación.
Sin embargo, con el cambio de Gobierno, el equipo de abogados de Argentina solicitó una prórroga. Ante esta presentación, la justicia estadounidense fijó la nueva fecha límite para el 22 de febrero.
Un proceso complejo
El equipo de abogados que representa al Estado argentino en la causa acumula una serie de reveses y fallos adversos desde el inicio del juicio, con una sentencia en contra que implica el pago de una indemnización de hasta 16.000 millones de dólares y la amenaza de embargos de sus activos. Se estima que entre julio y septiembre se realizará la audiencia pública, donde los abogados de ambas partes se enfrentarán y deberán responder a las preguntas de los tres jueces de la cámara.
