La jueza Loretta Preska, de Nueva York, está causando revuelo en el caso de la estatización de YPF. Preska ha ordenado al gobierno argentino entregar las comunicaciones electrónicas de altos funcionarios y exfuncionarios.
¿Quiénes son los afectados?
La orden judicial afecta a una decena de personas, entre las que se encuentran:
- Luis Caputo, ministro de Economía
- Gabriel Rubinstein, viceministro de Economía
- Guillermo Michel, extitular de la Aduana
- José Ignacio de Mendiguren, exsecretario de Industria
¿Qué buscan los demandantes?
Los demandantes, los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, sostienen que YPF es un "alter ego" del Estado argentino y que opera en función de los objetivos políticos del gobierno. Buscan volver a incluir a YPF en el caso y embargar sus activos.
El argumento de Burford
Según Burford, las empresas argentinas están llenas de nombramientos políticos de personal no calificado, lo que las convierte en propiedad del Estado. Los abogados argentinos han negado este argumento y han afirmado que las empresas están "operacionalmente separadas del Estado".
¿Cuáles son las posibles consecuencias?
La orden judicial podría tener graves consecuencias para Argentina. Si YPF es considerada un "alter ego" del Estado, sus activos podrían ser embargados. Esto incluiría empresas como Aerolíneas Argentinas, el Banco Central y el Banco Nación.
El caso continúa desarrollándose y aún está por verse cuál será el resultado final. Sin embargo, la orden judicial de la jueza Preska es un recordatorio de que los fondos buitre siguen siendo una amenaza para los países en desarrollo.
