El juez propone juzgar a BBVA y a Francisco González por contratar al comisario Villarejo
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a BBVA y a su expresidente, Francisco González, por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo durante más de una década. Así consta en un auto en el que se transforma la diligencias previas en procedimiento abreviado, es decir, concluye oficialmente la investigación, que se inició en octubre de 2018, para abrir la fase intermedia y preparar el juicio por los presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.
La relación entre BBVA y Villarejo
La relación entre BBVA y Cenyt, el entramado empresarial con el que operaba Villarejo, nació por los contactos que el entonces jefe de seguridad corporativa, Julio Corrochano (antes comisario), guardaba con sus antiguos compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, lo que “le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen acceso”.
Según el auto del juez, Corrochano hizo un “uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía” y “puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse”. Así, conociendo la “doble actividad” que Villarejo desarrollaba, el exresponsable de seguridad de BBVA comunicó al entonces máximo responsable del banco, Francisco González, “la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo”.
Los trabajos de Villarejo para BBVA
El primer trabajo de Villarejo para BBVA tuvo lugar en 2004, cuando se le encargó intentar frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de tomar el control del banco, con el apoyo de “otras compañías y personas”, incluso con el de ”Gobierno de la Nación”.
A partir de entonces, Cenyt se convirtió en un proveedor habitual y fue requerido en numerosas ocasiones para distintos tipos de trabajos de inteligencia, que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas.
El auto, de 268 páginas, recoge los numerosos proyectos que Villarejo realizó para BBVA hasta noviembre 2017, cuando fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, dando inicio a la macrocausa por la que se le investiga, como Summer-Fish, Summer-Gate o King-Prasa, centradas en encontrar el “patrimonio oculto” de empresarios deudores.
Las otras personas implicadas
Además de BBVA y Francisco González, el juez también ha propuesto juzgar a otras 12 personas, entre las que se encuentran el expolicía y ex altos cargos del banco, como el exjefe de seguridad corporativa Julio Corrochano; el exdirector de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; o el que fuera máximo responsable del departamento de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu.
Del entorno de Villarejo, se suma a la lista de procesados al socio del comisario jubilado, el abogado Rafael Redondo; el ex inspector de Policía Antonio Bonilla y un agente de Policía Nacional.
El juez ha acordado el archivo del caso para 11 investigados, entre los que se encuentra Juan Asúa, actual asesor del presidente de BBVA, Carlos Torres, y el director de comunicación de la entidad, Paul Tobin.
BBVA, responsable como persona jurídica
El juez García Castellón considera que BBVA, como persona jurídica, debe ser también sometido a juicio porque se dan todos los presupuestos “materiales, procesales y jurisprudenciales” ante el incumplimiento de sus normativas internas.
El magistrado recuerda en este sentido que la compañía “es una gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado doblemente regulado por organismos públicos supervisores, como el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España (BE) en cuanto entidad bancaria y, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.
En este sentido, el juez señala que, pese a que en el momento de los hechos ya existía una normativa de obligado cumplimiento, ni la presidencia del banco ni sus altos directivos cumplían o no respetaban los código éticos internos. Esto “dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones venían desde tales altos cargos”, concluye.
