Cámaras de vigilancia de Ciutat Vella dejan de multar por dos meses

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por PP y Vox, no ha registrado ninguna propuesta de sanción ni importes cobrados en el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord durante los meses de octubre y noviembre pasados en dos de sus accesos, según denuncia el grupo municipal socialista.

Apagón de cámaras

Esta situación supone el "segundo apagón" del sistema encargado de vigilar la restricción de vehículos no autorizados al casco histórico de la capital desde que gobiernan PP y Vox. El grupo de la oposición anuncia que llevará el caso a la Agencia Antifraude y al Síndic de Greuges para que investiguen.

El Gobierno local asegura que está "trabajando en averiguar el problema técnico" y sostiene que las cámaras funcionan. Sin embargo, reconoce que el anterior gobierno municipal, formado por PSPV y Compromís, sufrió la misma incidencia y estuvo ocho meses sin sancionar.

Implicaciones legales

El portavoz socialista, Borja Sanjuan, advierte de que la APR es una norma vigente y que su incumplimiento por parte del Ayuntamiento podría tener consecuencias legales, como la prevaricación.

Sanjuan considera que la "sensación de impunidad" que transmite el actual gobierno puede convertirse en un problema de legalidad para el consistorio.

Antecedentes

Hace un año, cuando se produjo el primer "apagón", los socialistas instaron al gobierno local a que modificara la normativa si no quería seguir multando. En aquel momento, el PP justificó la falta de sanciones por la escasez de personal.

La APR de Ciutat Vella se complementa ahora con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. El proyecto de ordenanza para la ZBE, aprobado a finales del pasado diciembre, no sancionará a los usuarios hasta 2028, lo que la convierte en una de las normas "menos ambiciosas en España" en cuanto a la mejora de la calidad del aire, según la oposición.