El Gobierno intenta salvar a la desesperada la reforma fiscal en un caótico debate en el Congreso
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una situación límite en el Congreso de los Diputados, donde la reforma fiscal que pretende aprobar está sumida en un caos debido a las discrepancias entre los socios del Ejecutivo. La sesión, que comenzó a las cinco de la tarde de este lunes, se ha suspendido temporalmente hasta las 11 de la noche ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo.
El proyecto de ley, que buscaba transponer una directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las grandes empresas, se ha convertido en un campo de batalla político. El PSOE y sus aliados han intentado ampliar el alcance de la reforma con medidas adicionales, como un impuesto a la banca o un endurecimiento de la fiscalidad de las socimi, lo que ha generado rechazo entre algunos grupos.
El principal punto de fricción ha sido la exigencia de Junts de suprimir a finales de año el impuesto extraordinario a las compañías eléctricas, algo que el PSOE pactó con el PNV. Este acuerdo ha irritado a ERC, EH Bildu y BNG, que han amenazado con no apoyar la reforma si se elimina ese tributo.
La votación de las enmiendas ha reflejado un descontrol total entre los grupos que sostienen al Gobierno. ERC y EH Bildu han votado en contra del dictamen de la ley, mientras que el PP ha apoyado la transposición de la directiva europea pero se ha negado a respaldar otras subidas de impuestos introducidas por el PSOE.
Ante el bloqueo de la sesión, el presidente de la comisión parlamentaria de Hacienda, el socialista Alejandro Soler, ha anunciado una suspensión temporal hasta las 23.00 horas, entre las protestas de los diputados del PP. “Esto es insólito. ¡Si queréis nos vamos!”, han clamado los populares.
El debate en la comisión ha puesto de manifiesto las profundas incompatibilidades entre los aliados del Gobierno. El BNG y Podemos han criticado la escasez de las modificaciones propuestas, mientras que el PNV ha pedido a todos los implicados que abandonen su “zona de confort” para alcanzar un consenso mínimo.
Por su parte, EH Bildu ha afirmado que podría haber aceptado la transposición de la directiva europea, pero que sus bases no permitirían que se excluyera a las grandes compañías energéticas del nuevo impuesto.
Junts ha defendido su decisión de suprimir el impuesto a las eléctricas alegando que beneficia a Cataluña, mientras que ERC ha rechazado cualquier “chantaje” con los fondos europeos.
El PSOE y Sumar han destacado los beneficios de la reforma, pero han admitido que podría no salir adelante si no se consigue el apoyo de otros grupos.
Mientras tanto, el PP ha acusado al Gobierno de “galimatías” y de haber intentado tocar todos los impuestos en lugar de limitarse a transponer la directiva europea. El portavoz popular, Santi Rodríguez, ha insistido en que el problema de fondo es la “voracidad fiscal” de los socios del Ejecutivo.
