Investigan presunto fraccionamiento ilegal de contratos en la Comunidad de Madrid
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso se está viendo envuelto en una polémica tras las declaraciones de varios investigados en el llamado «caso FP». Este caso, que está siendo examinado en el juzgado número 39 de la plaza de Castilla, investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa. La acusación central gira en torno a la supuesta fragmentación ilegal de contratos destinados a la remodelación de centros educativos, favoreciendo, según las investigaciones, al grupo Virelec. El periódico El País está siguiendo de cerca el desarrollo de este escándalo, ofreciendo detalles cruciales sobre las declaraciones y los documentos que están saliendo a la luz.
Declaraciones que apuntan a la cúpula
Las declaraciones de los investigados están generando ondas expansivas en la política madrileña. Miguel Ángel Pérez, director de una de las instituciones implicadas, afirma estar aplicando directrices que «venían dadas desde arriba», según informa Juan José Mateo (El País, 2025). Esta afirmación sugiere que las decisiones no se tomaban a nivel de dirección de centro, sino que eran dictadas por instancias superiores dentro de la Consejería de Educación. Las miradas se están centrando en Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea y quien fuera titular de Educación durante los años investigados (2021-2023). Ossorio, un hombre de confianza de Ayuso y redactor de sus programas electorales, aún no ha emitido una declaración oficial al respecto.
El testimonio de otros directores y altos cargos
No solo Pérez ha señalado a la cúpula. Miguel Ángel Sánchez, otro director implicado, ha coincidido en que el mandato de las enseñanzas venía de la Dirección General, y que existía un itinerario con múltiples instituciones dando su aprobación, incluyendo al consejero. Alfonso Mateos, ex subdirector general de FP, respalda esta versión, describiendo un documento con cuatro firmas clave: el director general, el interventor de la Consejería de Educación, el consejero de Educación y el interventor general de la Comunidad de Madrid (Mateo, 2025). Este testimonio sugiere un proceso meticulosamente orquestado y aprobado en los más altos niveles.
La investigación judicial y las posibles consecuencias
La magistrada encargada del caso ha advertido sobre la «posible existencia de una infracción penal», refiriéndose a la prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, describe una actuación administrativa «claramente irregular y presuntamente delictiva», basada en la omisión del procedimiento para la puesta en marcha de enseñanzas extraordinarias y la adaptación de centros educativos. En lugar de convocar concursos públicos, se habrían fragmentado los contratos para adjudicarlos directamente, principalmente al grupo Virelec.
El papel de Virelec y las conexiones personales
La empresa Virelec está jugando un papel central en la investigación. Según las declaraciones, era común que se les indicara a los directores que debían contratar con Gabriel Navarro, el empresario detrás de Virelec. Alfonso Mateos ha admitido conocer a Navarro desde antes de ser alto cargo, aunque niega haber recomendado u ordenado la contratación de su empresa. Mateos describe un sistema de «boca oreja», donde se remitía a los directores a hablar con homólogos de centros donde ya se habían realizado obras para obtener referencias.
¿Un sistema generalizado?
Mateos se está defendiendo como un «chivo expiatorio», argumentando que el sistema de fraccionamiento de contratos era una práctica común en toda la Consejería de Educación. Según su versión, esta dinámica se extendía a todas las direcciones territoriales y afectaba a muchos más centros de los que se están investigando actualmente. «Esto que era una dinámica de toda la Consejería de Educación (...) En todas las direcciones territoriales hay centros, en todas, en donde se han hecho este tipo de actuaciones sin excepción» (Mateo, 2025). Esta declaración, de ser cierta, podría ampliar significativamente el alcance del caso.
¿Qué sigue?
La jueza está valorando si existen suficientes indicios para abrir un juicio oral. Podemos, PSOE, Más Madrid y el sindicato CC OO están personados en el caso, lo que garantiza una exhaustiva investigación. El futuro político de Enrique Ossorio y otros altos cargos podría estar en juego, dependiendo de las conclusiones a las que llegue la justicia.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid se encuentra en el ojo del huracán, con un gobierno bajo la lupa y la sombra de la corrupción planeando sobre las decisiones educativas. La transparencia y la rendición de cuentas son ahora más cruciales que nunca para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Referencias:
- El País. (2025, 25 de marzo). Los investigados del ‘caso FP’ que afecta al Gobierno de Ayuso: “Esto venía dado desde arriba. Venía hecho”. Recuperado de https://elpais.com/espana/madrid/2025-03-25/los-investigados-del-caso-fp-que-afecta-al-gobierno-de-ayuso-esto-venia-dado-desde-arriba-venia-hecho.html
