Cataluña redobla la apuesta fiscal para impulsar el acceso a la vivienda
En un esfuerzo por combatir la especulación inmobiliaria y mejorar el acceso a la vivienda, el Govern de Cataluña, en colaboración con los comunes, está implementando una serie de medidas fiscales que buscan impactar tanto a los grandes tenedores de propiedades como al sector turístico. Este movimiento, según datos de “El País” (2025), tiene como objetivo generar alrededor de 300 millones de euros, que se destinarán a políticas de vivienda y otras iniciativas sociales.
¿En qué consisten las nuevas medidas?
Las modificaciones más significativas se centran en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y la tasa turística. El ITP, que grava las compraventas de inmuebles, sufrirá cambios importantes. Principalmente, se está elevando del 10% al 20% para grandes tenedores (propietarios de 10 o más viviendas en zonas tensionadas o cinco en áreas especialmente críticas) y para la compra de edificios enteros. Según Àngels Piñol y Clara Blanchar (“El País”, 2025), esta medida busca desincentivar la especulación y fomentar un mercado inmobiliario más equitativo.
«Estamos poniendo límites a la piratería inmobiliaria que hasta ahora campaba a sus anchas», señaló Jéssica Albiach, líder parlamentaria de los comunes, destacando el impacto esperado de estas políticas en el sector inmobiliario catalán.
Impacto en los grandes propietarios
El aumento del ITP, de acuerdo con el Gobierno catalán, significa que un gran propietario que antes pagaba 100.000 euros en impuestos por la compra de un edificio de un millón de euros, ahora deberá abonar 200.000 euros. Este incremento sustancial, como explica Alícia Romero, consejera de Economía, está diseñado para hacer que la especulación inmobiliaria sea menos atractiva y para redistribuir la riqueza.
Reforma de la tasa turística
Además del ITP, la tasa turística también está sufriendo una importante revisión. Se espera que esta reforma genere unos 100 millones de euros anuales, de los cuales el 25% se destinará a políticas de vivienda. En Barcelona, un hotel de cinco estrellas podría aplicar una tasa de 7 euros por noche, mientras que en el resto de Cataluña sería de 6 euros. Para los hoteles de cuatro estrellas, las tarifas serían de 3,40 y 2,40 euros, respectivamente.
El Govern también está permitiendo a los ayuntamientos la posibilidad de implementar sus propios recargos, siguiendo el ejemplo de Barcelona. Esta medida, según la consejera Romero, está en línea con las prácticas de otras ciudades europeas, como París, Roma y Ámsterdam, donde las tasas turísticas son aún mayores.
Reacciones del sector turístico
La reforma de la tasa turística ha provocado reacciones encontradas. Si bien el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado el acuerdo y ha vaticinado un incremento «razonable y razonado» para la ciudad, los sectores turístico y empresarial han manifestado su rechazo. Agencias de Viajes, Pimec, el Gremio de Hoteles de Barcelona y la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Catalunya (Confecat) han criticado la falta de consulta y la presión fiscal adicional que estas medidas ejercen sobre el sector.
Sin embargo, Albiach defiende que el impacto en los turistas será mínimo: «Alguien que puede pagar 300 o 400 euros por habitación no dejará de venir por pagar siete.»
Medidas adicionales para colectivos vulnerables
El acuerdo también incluye una deducción en el impuesto de la renta para el alquiler de vivienda habitual para las víctimas de violencia machista. Además, se fija un nuevo tipo reducido del 5% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para facilitar el acceso a la propiedad a estas personas. Este enfoque, según Romero, busca crear una fiscalidad más justa y solidaria, donde aquellos que tienen más contribuyan más al bien común.
El camino hacia la aprobación
A falta de Presupuestos y de ley de Medidas Fiscales y Financieras, el Ejecutivo catalán está buscando la aprobación de estas medidas a través de un decreto que deberá ser convalidado en el Parlament. El Govern y los comunes confían en obtener el respaldo de ERC para llevar adelante estas reformas.
Conclusión
Las nuevas medidas fiscales en Cataluña representan un esfuerzo ambicioso por abordar la problemática del acceso a la vivienda y combatir la especulación inmobiliaria. Si bien generan controversia y resistencia en algunos sectores, el Govern y los comunes defienden que son necesarias para crear un mercado más equitativo y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La implementación y el impacto real de estas políticas serán seguidas de cerca en los próximos meses.
