CEOE está resolviendo denuncia de acoso laboral con pago millonario
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se encuentra actualmente en el centro de la polémica, ya que está trascendiendo que zanjó una acusación de presunto acoso laboral mediante el pago de 55.000 euros en el verano de 2024. Este acuerdo financiero, que se sitúa por debajo de la indemnización máxima legal por despido improcedente, está generando un intenso debate sobre la gestión de este tipo de situaciones dentro de la patronal. Según El País, la presunta víctima había presentado una demanda por acoso laboral contra Rosa Santos, directora del departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social, alegando que la cúpula de la organización estaba al tanto de la situación.
Detalles de la denuncia y el acuerdo
La controversia se remonta a agosto de 2023, cuando la presunta víctima formalizó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente, en noviembre del mismo año, presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social de Madrid. Días antes del juicio, programado para julio de 2024, se alcanzó un acuerdo económico por valor de 55.000 euros, lo que llevó a la persona afectada a retirar la denuncia por acoso laboral y vulneración de sus derechos fundamentales. La demanda original señalaba que la dirección de CEOE, incluyendo al presidente Antonio Garamendi y al secretario general José Alberto González-Ruiz, estaba al tanto de la situación de acoso, pero no actuó al respecto (González & Sánchez, 2025).
La versión de la presunta víctima
En la denuncia presentada ante la Inspección de Trabajo el 18 de agosto de 2023, la presunta víctima describía haber sufrido desde 2019 «continuos actos» que le provocaban «sentimientos de acoso, ofensa, degradación, intimidación y humillación». Estos actos incluían gritos, comentarios ofensivos sobre el trabajo realizado, críticas indiscriminadas públicas, ridiculización del desempeño, sobrecarga de trabajo, encomienda de tareas contrarias a la ética profesional y desigualdades retributivas. La situación, según la denuncia, se había agravado en los últimos meses. La presunta víctima también afirmó haber informado al superior jerárquico de Rosa Santos, el secretario general González-Ruiz, el 27 de junio de 2023, sin que se tomaran medidas para impedir el acoso. Además, denunció comunicaciones de ámbito laboral durante periodos de incapacidad temporal y un desacuerdo en torno a una contratación en el departamento. La presunta víctima también aseveró que otras personas trabajadoras de CEOE habían sufrido “los malos modos de la señora Santos” y que “estarían en disposición de aportar su testimonio de considerarse necesario por esta Inspección”.
Reacciones internas y externas
Tras la difusión de la noticia, El País contactó con diversas fuentes internas de CEOE, incluyendo empleados y extrabajadores, para corroborar las acusaciones. Algunas personas consultadas confirmaron la existencia de un ambiente laboral tenso y señalaron que la situación de acoso no fue investigada de manera adecuada, resolviéndose mediante un pago para «zanjar» el asunto. Sin embargo, otras fuentes negaron estas acusaciones, afirmando no haber presenciado ningún episodio de acoso y defendiendo la exhaustividad de la investigación interna.
Declaraciones de José Manuel de Riva
José Manuel de Riva, vocal de la junta directiva de CEOE y vicepresidente de Cepyme, expresó su opinión sobre el caso, señalando que el acuerdo alcanzado no cumple con el código de buen gobierno. En una conversación con El País, De Riva cuestionó la efectividad de la investigación interna, sugiriendo que el secretario general actuó de manera cuestionable al «liquidar a la víctima» y «apoyar al verdugo», en lugar de esclarecer los hechos. Según De Riva, la situación se resolvió «tapándola con dinero, con dinero de los asociados» (De Riva, 2025).
Implicaciones y futuro
La resolución de la denuncia de acoso laboral mediante un acuerdo económico plantea serias dudas sobre los mecanismos internos de CEOE para abordar este tipo de situaciones. La falta de transparencia en la investigación y la decisión de no ofrecer una respuesta oficial a las preguntas planteadas por los medios de comunicación solo aumentan la controversia. Este caso podría tener importantes implicaciones para la imagen de la patronal y generar una mayor presión para que se adopten medidas más eficaces en la prevención y gestión del acoso laboral. En el futuro, se espera que CEOE revise sus protocolos internos y promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas para evitar que situaciones similares se repitan.
Para más información, se puede consultar el artículo original de El País.
