Los gobernadores amenazan con demandar a la Nación por el recorte de fondos para cajas jubilatorias

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se muestra optimista por el diálogo con los mandatarios provinciales, pero la profundización del ajuste sobre los fondos nacionales destinados a las provincias está erosionando el vínculo que parecía haberse reencaminado después del encuentro de principios de marzo.

Los 13 gobernadores que dejaron de recibir en enero los fondos para las cajas jubilatorias no transferidas no creen la explicación de que los recursos están, pero fueron distribuidos a través de otras partidas provinciales, como afirma Francos. Entre los mandatarios afectados se encuentran los de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que desde 1994 sostienen sus cajas de jubilaciones utilizando la facultad constitucional de tener regímenes propios para los estatales. El recorte de 2023 deja sin efecto los artículos de la Ley 27.701 del presupuesto 2023 que establecían transferencias mensuales de la Anses a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales. La intención de los gobernadores de demandar a la Nación ante la Corte Suprema por esos fondos retenidos sigue en pie, aun sabiendo que un fallo definitivo puede demorar años. Hay antecedentes de otros gobiernos nacionales que cortaron financiamiento y después debieron pagarlo la cuenta los presidentes que vinieron después. Los tironeos por este financiamiento han atravesado a todos los gobiernos desde que, durante la gestión de Carlos Menem, se creó el sistema de AFJPs y se comenzó a retener el 15% de la masa coparticipable a las provincias para financiar a la Anses. En 1996, once distritos transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación. A fines de 1999, en la transición de Menem a Fernando de la Rúa, se firmó un nuevo compromiso fiscal que incluyó el financiamiento gradual del déficit previsional de las cajas no transferidas. La condición era que se las “armonizara” con el sistema nacional, es decir, que se equipararan los montos de los haberes previsionales y las condiciones para jubilarse. Si bien en la mayoría de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas no hubo reformas previsionales importantes, la Nación realizó los giros de manera periódica hasta que, cuando llegó a la Presidencia Cristina Kirchner, ese financiamiento se manejó de manera discrecional. Con Macri se terminó acordando que la Anses financiaría a todas las cajas solo el monto equivalente al déficit que tendrían si el sistema hubiera pasado a manos nacionales. Quedó abolida la exigencia de “armonización”. El esquema se mantuvo durante la administración de Alberto Fernández y en el presupuesto 2023 se fijó que cada anticipo mensual que gire la Anses “incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria”. Desde que asumió Milei, no se transfirió ni un peso a estas cajas provinciales, ni siquiera lo que se venía pagando en 2023 que, por la misma ley, son giros “a cuenta”. Más allá de las declaraciones de Francos acerca de que el dinero está pero que se están auditando los números, el DNU 280/2024 publicado el 27 de marzo en el Boletín Oficial deja sin efecto los artículos 92, 93 y 94 de la Ley 27.701, que es la del presupuesto 2023. Al eliminarse estos artículos, la Anses ya no está obligada a transferir los fondos a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales.