El Gobierno pierde en política fiscal pero aprueba la ley de Justicia
El Congreso ha aprobado definitivamente el paquete de medidas fiscales propuesto por el Gobierno, pero ha sufrido una derrota al no conseguir prorrogar el impuesto a las grandes energéticas, que finalmente desaparecerá. El PP, Junts y PNV han unido sus votos para derogarlo, mientras que la izquierda soberanista ha mostrado su malestar por la postura de los nacionalistas vascos y catalanes.
La votación sobre el paquete fiscal ha dejado otros retazos menores que ilustran el acercamiento en esta cuestión entre PP y Junts. Los populares han apoyado dos enmiendas del partido de Carles Puigdemont para rebajar al 4% el IVA de los yogures y la fiscalidad de los monitores deportivos. Y los independentistas han dado su voto favorable a otra del PP que exime del pago de impuestos a las empresas afectadas por la dana en Valencia que reciban donativos.
Por otra parte, el Gobierno ha logrado salvar la ley para modernizar la Administración de Justicia, tras frenar en el último momento la amenaza de Podemos de tumbarla. El Congreso ha aprobado la norma con 177 votos a favor y 171 en contra de PP, Vox y UPN. La ley contiene medidas como la sustitución de los juzgados de Primera Instancia con un solo titular por tribunales colegiados, y la supresión de las golden visa, los visados para extranjeros que realizasen grandes inversiones inmobiliarias.
"Hoy hemos puesto las bases para la justicia del siglo XXI", ha manifestado un aliviado ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras conocerse el resultado de la votación.
Sin embargo, el Gobierno ha tenido que ceder a las presiones de Podemos para evitar que el proyecto de ley fuera rechazado. El partido de Ione Belarra había amenazado con impedir su aprobación definitiva por una enmienda del PNV que facilitaba el desalojo de okupas en un plazo de 15 días. Finalmente, el Gobierno ha accedido a prorrogar los desahucios para personas vulnerables durante un año y las ayudas al transporte por seis meses.
El resultado de la votación sobre el paquete fiscal y la ley de Justicia refleja las dificultades que tiene el Gobierno para pactar una política común con su base parlamentaria. La izquierda soberanista ha criticado la postura de PNV y Junts, que se han acercado al PP en materia fiscal. Por su parte, los nacionalistas vascos y catalanes han justificado su voto argumentando que el impuesto a las grandes energéticas rompe el concierto económico de Euskadi y pone en peligro inversiones en Cataluña.
