Eduardo Zaplana, acusado de blanquear dinero procedente de comisiones ilegales

Durante la sesión de este jueves del juicio del caso Erial, la Guardia Civil ha desgranado el destino que el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana dio a las mordidas que obtuvo por la adjudicación amañada de las ITV y los parques eólicos cuando lideraba la administración autonómica.

Según la investigación, Zaplana adquirió un piso en Madrid, dos áticos en Altea, unas parcelas en Villajoyosa, un barco, vuelos en avioneta y dinero en metálico con el dinero procedente de las comisiones ilegales.

La Guardia Civil ha mantenido que, aunque Zaplana no aparezca como titular de las cuentas o mercantiles de la trama, los indicios recopilados “evidencian la titularidad velada” del exministro.

Declaraciones incriminatorias

En el juicio han declarado un amigo de la infancia de Zaplana, Joaquín Barceló, que admitió ser su testaferro; el jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, Juan Francisco García, que reconoció el amaño del concurso; y los empresarios Vicente y José Cotino, que confesaron haber pagado comisiones por las adjudicaciones.

Operaciones inmobiliarias

Entre las operaciones inmobiliarias realizadas por Zaplana destaca la compra de un piso en Madrid en la calle Núñez de Balboa por 1,6 millones de euros, que nunca fue escrituró a su nombre sino al de una mercantil del testaferro confeso.

También adquirió una casa en La Finca, una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, a través de una persona interpuesta, y dos áticos en Altea por cerca de medio millón de euros.

Bienes de lujo

Además de las propiedades inmobiliarias, Zaplana también adquirió un barco del que figura como uno de los ocho propietarios, y varias parcelas en Villajoyosa, que costaron más de dos millones de euros.

Según la investigación, el exministro también se fue de viaje en vuelos internacionales privados y de crucero en yates de lujo.

Petición de condena

Anticorrupción acusa a Zaplana de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos, por los que pide una condena de 19 años de cárcel.