El Gobierno ha decidido tomar medidas drásticas en su administración de contratos y cooperativas. En una reciente conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni manifestó que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de los contratos del sector público, con el firme objetivo de depurar la nómina estatal. Del mismo modo, desde el Ministerio de Capital Humano se anunció la suspensión y el control riguroso de cooperativas, poniendo el foco en aquellas establecidas entre 2020 y 2022, así como las creadas en 2023, debido a una serie de irregularidades detectadas.
¿Qué implican estas medidas gubernamentales?
La acción del Gobierno implica la no renovación de aproximadamente 55 mil contratos, que serán sujetos a revisión y renovados por un periodo de 6 meses. Dentro de este grupo, 15 mil contratos serán dados de baja efectiva al 31 de marzo. Este proceso de auditoría ha generado reacciones encontradas, especialmente en los sindicatos, donde el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ha lanzado críticas directas a la administración, advirtiendo sobre las consecuencias de cesantías masivas para el funcionamiento del Estado.
En cuanto a las cooperativas, se encontraron anomalías como la duplicación de asociados, el uso repetido de correos electrónicos para la inscripción y la coincidencia de domicilios. Estas inconsistencias han llevado a la decisión de retirar a 11.853 cooperativas que habían sido suspendidas previamente en 2019 y suspender la operación de las fundadas entre 2020 y 2023. Esta medida afectará directamente a unas 4.355 cooperativas creadas en el último año.
Reacciones ante el anuncio y posibles consecuencias
La reacción no se ha hecho esperar, con sectores que señalan la medida como un intento por balancear las cuentas públicas a expensas del empleo estatal. Aguiar ha señalado que de ejecutarse tales despidos, la administración pública se vería gravemente afectada, al punto de no poder funcionar en diversas áreas esenciales.
Por otro lado, se espera que estas acciones redunden en un ahorro significativo para el Estado, poniendo fin a lo que muchos perciben como un gasto público ineficiente. Además, el Gobierno busca asegurar que las cooperativas operantes cuenten con la certificación de legalidad apropiada y no supongan una carga innecesaria para el presupuesto nacional.
Conclusiones de la revisión gubernamental
En conclusión, el Gobierno ha puesto de manifiesto su compromiso con la eficiencia y la transparencia en la administración pública. La revisión y baja de contratos, así como la depuración de cooperativas, son medidas que reflejan un intento por restaurar la confianza en las instituciones y racionalizar el gasto. Queda por ver cómo estos cambios serán implementados y qué impacto tendrán en el futuro inmediato del sector público y de las cooperativas en Argentina.
