El Gobierno de España ha desatado la polémica entre empresarios y sindicatos al incluir en un Real Decreto-Ley medidas que afectan a la negociación colectiva y a la representación empresarial en el Consejo Económico y Social (CES). La reforma, aprobada sin consenso con los agentes sociales, busca dar prioridad a los convenios colectivos autonómicos y abrir la puerta del CES a las organizaciones empresariales de ámbito regional.
¿Qué medidas incluye el Real Decreto-Ley?
El Real Decreto-Ley para reformar la protección por desempleo, aprobado el pasado martes, incluye dos medidas que han generado malestar entre los interlocutores sociales:
- Prioridad a los convenios colectivos autonómicos y provinciales: Esta medida, acordada con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), establece que los convenios colectivos autonómicos y provinciales tendrán prioridad aplicativa sobre los estatales en determinadas circunstancias. Esto supone un cambio en la estructura de la negociación colectiva, que hasta ahora daba primacía a los convenios estatales.
- Entrada de organizaciones empresariales autonómicas en el CES: El Real Decreto-Ley también modifica la composición del CES, permitiendo que las organizaciones empresariales autonómicas que cumplan determinados requisitos de representatividad puedan formar parte de este órgano consultivo. Esta medida beneficiaría especialmente a Pimec, la patronal de las pymes catalanas, que hasta ahora no tenía representación directa en el CES.
¿Cuáles son las críticas de los agentes sociales?
Tanto la patronal CEOE-Cepyme como los principales sindicatos, CC OO y UGT, han criticado duramente estas medidas. Argumentan que han sido aprobadas sin negociación previa y que suponen una ruptura del diálogo social. Además, consideran que la prioridad a los convenios autonómicos puede fragmentar el mercado laboral y romper la unidad de negociación, mientras que la entrada de organizaciones empresariales autonómicas en el CES rompe el equilibrio actual de este órgano consultivo.
¿Qué dice el Gobierno?
El Ministerio de Trabajo ha defendido las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley, argumentando que son necesarias para dar más autonomía a las comunidades autónomas y mejorar la representación de las organizaciones empresariales en el CES. El Gobierno también afirma que la negociación colectiva seguirá siendo estatal en la mayoría de los casos y que la prioridad a los convenios autonómicos solo se aplicará en determinadas circunstancias.
¿Qué consecuencias pueden tener estas medidas?
Las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley podrían tener varias consecuencias importantes:
- Erosión del diálogo social: La aprobación de estas medidas sin consenso con los agentes sociales ha generado una importante desconfianza entre estos y el Gobierno. Esto podría dificultar futuras negociaciones y acuerdos en materia laboral.
- Fragmentación del mercado laboral: La prioridad a los convenios colectivos autonómicos podría dar lugar a diferencias significativas en las condiciones laborales entre las distintas comunidades autónomas. Esto podría dificultar la movilidad de los trabajadores y crear una competencia desleal entre empresas de diferentes regiones.
- Cambios en el equilibrio del CES: La entrada de organizaciones empresariales autonómicas en el CES podría alterar el equilibrio actual de este órgano consultivo, dando más peso a los intereses regionales. Esto podría dificultar la adopción de acuerdos consensuados y perjudicar la representatividad de los intereses generales.
El Gobierno deberá buscar un delicado equilibrio entre la necesidad de dar más autonomía a las comunidades autónomas y la importancia de mantener un diálogo social fluido y un mercado laboral unificado. De lo contrario, las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley podrían tener consecuencias negativas para las relaciones laborales en España.
