El Gobierno pretende erradicar el fraude en los alquileres de corta duración
El fraude en los alquileres de corta duración se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos tiempos, ya que los propietarios intentan eludir las regulaciones establecidas en la ley de vivienda. Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda ha anunciado nuevas medidas para quienes opten por esta modalidad de arrendamiento.
Obligaciones para los alquileres temporales
El Ejecutivo está preparando un real decreto que obligará a los propietarios a justificar la causa de los alquileres de corta duración. Además, estos alquileres deberán incluirse en el registro de pisos turísticos que se está elaborando conforme a la normativa europea, siempre que los inmuebles se anuncien en plataformas digitales y se ofrezcan por plazos inferiores a un año.
"Es esencial establecer todos los mecanismos necesarios para evitar que se eludan las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y salvaguardar los alquileres de temporada para lo que realmente son", ha destacado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al término de la reunión del grupo de trabajo sobre alquileres temporales.
Este grupo de trabajo se constituyó el pasado diciembre, una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en la ley estatal de vivienda aprobada en mayo de 2023. El Ejecutivo alegó que, durante ese periodo, se habían celebrado elecciones generales y se había formado un nuevo Gobierno de coalición.
La reunión de este miércoles ha sido la tercera, y ha contado con la participación de sindicatos, patronal, sindicatos de inquilinos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y cámaras de la propiedad urbana, entre otros. Esta diversidad de perspectivas ha generado disparidad de opiniones, lo que llevó a los sindicatos de inquilinos a desmarcarse hace una semana de los trabajos y a presentar una proposición de ley propia en el Congreso para regular de forma más estricta los alquileres de corta duración.
Esta iniciativa, respaldada por Sumar y otros grupos a la izquierda del PSOE, pretendía limitar esta modalidad de alquiler a seis meses y aplicar los mismos controles de precios previstos en la ley de vivienda para los alquileres convencionales. Sin embargo, las conclusiones del ministerio no han llegado tan lejos.
Medidas para salvaguardar los alquileres temporales
Con el objetivo de "salvaguardar" los alquileres temporales, Rodríguez ha enfatizado la necesidad de reforzar su causalidad, especialmente para profesionales o estudiantes que los necesitan. El real decreto que se tramitará por la vía de urgencia establecerá, mediante reglamento, cómo debe justificarse el alquiler de un piso por un periodo de tiempo determinado, y no por los cinco años que establece como mínimo la LAU para los arrendamientos de vivienda temporal.
La ministra ha explicado que esta medida irá en paralelo con el desarrollo del registro único de pisos turísticos y temporales, anunciado el pasado mayo en el marco de otro grupo de trabajo, el de alojamientos vacacionales, también coordinado por Vivienda. El motivo es que este registro se basa en un reglamento europeo que contempla la inclusión de cualquier inmueble que se alquile por menos de un año y se ofrezca en una plataforma digital, según ha precisado una portavoz ministerial.
Medidas relacionadas con el alquiler turístico
Rodríguez también ha anunciado medidas relacionadas con el alquiler turístico, otra modalidad que, según el Gobierno, está reduciendo el parque de viviendas tradicionales en alquiler, lo que dificulta el acceso a la vivienda para muchos inquilinos y aspirantes a serlo.
"La proliferación de apartamentos vacacionales se ha convertido en un problema de primera magnitud", ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una entrevista en TVE.
En este ámbito, las competencias de Vivienda son más limitadas. El alquiler vacacional está específicamente excluido de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las competencias en materia de turismo son autonómicas, y los ayuntamientos también tienen margen de actuación a través de la normativa reguladora y el urbanismo.
El Gobierno ha creado un grupo de trabajo, distinto del de alquileres de temporada, para abordar esta cuestión y, en ese contexto, se ha reunido con administraciones locales y autonómicas. Además del registro exigido por la normativa europea, la capacidad del Estado en esta materia se centra principalmente en los instrumentos fiscales y en la Ley de Propiedad Horizontal.
En este sentido, la ministra de Vivienda ha señalado que pretenden reformar esta norma, para lo que están sondeando apoyos parlamentarios. El objetivo es dejar claro que las casas vacacionales son una actividad económica, tal y como ha determinado el Tribunal Supremo en su jurisprudencia y sostiene el ministerio.
Esto implicaría, más allá de los efectos fiscales, la necesidad de que los vecinos autoricen cualquier piso turístico, un aspecto que la norma actual no aborda con suficiente claridad, a pesar de que el Gobierno la reformó hace un par de años para permitir que las comunidades de vecinos veten este tipo de pisos con una mayoría de tres quintos.
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