El Ministerio de Trabajo ultima detalles para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral semanal a 38,5 horas este año y a 37,5 horas en 2025. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha certificado que los sindicatos y los empresarios no han logrado un acuerdo en su negociación paralela y que, por lo tanto, su departamento toma las riendas para lograr un pacto antes de agosto.
Punto de fricción: las horas extraordinarias
El punto de fricción en la negociación es la regulación de las horas extraordinarias. CC OO no quiere que aumenten del máximo actual de 80 horas anuales, UGT solo contemplaría un incremento moderado si mejora la vigilancia del fraude y se retribuyen mucho mejor, mientras que la CEOE quiere subirlas más a cambio de aceptar la contracción de la jornada ordinaria.
Según han explicado los negociadores de los sindicatos, este es el punto clave que ha imposibilitado un acuerdo de centrales y patronal en la mesa que mantenían sin el ministerio.
Trabajo está en sintonía con los sindicatos en este asunto.
"Para nosotros tiene muchas dificultades buscar elementos de compensación que pasen por incrementar las horas extraordinarias en nuestro país, que como es conocido es una lacra. Hay abuso del trabajo extraordinario, muchas veces impagado", ha comentado Pérez Rey.
La CEOE no ha comparecido tras la reunión y, según han dicho los sindicatos, no ha precisado en la mesa cuántas horas más querría aumentar el máximo anual.
El respaldo social a la reducción de jornada
La reducción de jornada propuesta por PSOE y Sumar goza de un amplio respaldo social. Dos de cada tres españoles la apoyan, según una encuesta del instituto 40dB para EL PAÍS y la Cadena SER.
La proporción de apoyo es la misma si se pregunta por ir más allá, con un día menos de jornada y 32 horas de trabajo. Los que más abogan por esta medida son los jóvenes y el electorado progresista, pero también destaca el escaso rechazo en los partidos de la oposición. Solo un 24% de los votantes de PP y un 29% de los de Vox reniegan del recorte de dos horas y media de trabajo a la semana.
Este cambio en la normativa laboral exige al Gobierno lograr el acuerdo de una mayoría parlamentaria. Es decir, pacte lo que pacte el Ejecutivo con los representantes de trabajadores y empresarios, después tendrá que lograr la aceptación de los socios que más chocan con el Ejecutivo en materia laboral, Junts y PNV.