Los pros y los contras de la privatización en el Reino Unido

La experiencia británica sugiere que es hora de analizar dónde la contratación de proveedores para servicios públicos sensibles no funciona.

Los principios económicos importan

Hace unos 40 años, el Reino Unido se convirtió en pionero en la privatización de industrias de propiedad pública. Si varios proveedores compiten en el mercado, los consumidores están informados y pueden cambiar a otro proveedor, y los dueños de las empresas soportan el costo del fracaso; entonces, las empresas privadas con fines de lucro serán la mejor manera de proporcionar los bienes o servicios en cuestión.

Pero las cosas son muy diferentes si los consumidores no tienen una opción efectiva o no pueden tomar decisiones informadas. En ese tipo de casos, el Estado debe intervenir, redactando y supervisando contratos, instruyendo y designando reguladores.

En cualquier caso, no puede existir una presunción general a favor de la oferta por parte de entidades con fines de lucro. El argumento fundamental a favor de los proveedores privados es que seguirán motivados a suministrar bienes y servicios lo más baratos posible.

Sin embargo, en ausencia de una supervisión eficaz y de sanciones creíbles, los proveedores privados se convertirán en implacables extractores de rentas: entregarán bienes y servicios de mala calidad, impondrán costos ocultos y trasladarán los riesgos a otros, principalmente a los contribuyentes.

La experiencia británica

En los años de Margaret Thatcher, las industrias privatizadas incluían a British Telecom, Petroleum, Airways, Aerospace, Gas, Steel, Rolls-Royce, Rover y la industria eléctrica. Muchas de estas empresas operaban, o pronto lo harían, en mercados competitivos.

Pero la energía y las telecomunicaciones seguían teniendo sus propios reguladores, aunque se podía inyectar cierta competencia en ambas. Esto se debía en parte a que disfrutaban de cierto poder monopolístico y en parte a que la seguridad del suministro era vital en ambos casos.

Al final, llegaron dos casos controvertidos: el agua y los ferrocarriles. El agua es un monopolio clásico, mientras que los ferrocarriles tienen algunos elementos de monopolio.

En retrospectiva, la experiencia ha estado a la altura de las expectativas de los economistas: mientras más grande es la competencia y más creíble la posibilidad de quiebra, menos controvertidas son las privatizaciones. No es sorprendente que el agua y los ferrocarriles hayan sido problemáticos.

Privatización de servicios no esenciales

Pero también sucedió algo más: la privatización de servicios públicos que no son monopolios naturales, pero que tampoco tienen clientes informados capaces de cuidar de sí mismos y, en caso necesario, recurrir a otros proveedores. Entre los ejemplos se incluyen las residencias para ancianos y hogares de acogida para niños, las prisiones y, durante un tiempo, el servicio de libertad condicional.

Al parecer, gran parte de las privatizaciones se dieron por parte de los gobiernos locales para ocultar la responsabilidad de la negativa, en el sistema político excesivamente centralizado del Reino Unido, a financiar los servicios.

Sin embargo, también plantea grandes preguntas. ¿Son las empresas con fines de lucro la mejor manera de prestar esos servicios? ¿No será mejor que lo hicieran las autoridades locales? O dados los conocidos fracasos de estas últimas, ¿no será más sensato considerar alguna alternativa?

Es hora de un cambio

Es hora de examinar dónde no funcionará la prestación privada y luego, como diría el primer ministro británico, Keir Starmer, considerar algún "cambio".