España afronta el reto de rehabilitar más de 20 millones de viviendas con baja eficiencia energética

España se enfrenta al reto de renovar más de 20 millones de viviendas con baja eficiencia energética

España cuenta con más de 20 millones de viviendas con una certificación energética de E, F y G, lo que implica incumplir los estándares exigidos por la Unión Europea. Para abordar esta problemática, España tiene un plazo de dos años para trasponer la nueva Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (EPBD), aprobada por el Parlamento Europeo en marzo de 2023.

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Medidas para mejorar la eficiencia energética

Expertos del sector apuntan que las medidas a adoptar en España para trasponer la directiva podrían ser de carácter punitivo a través de impuestos, así como incentivos fiscales. Un ejemplo a seguir es Francia, quien ha adoptado medidas estrictas para adaptar su parque de viviendas a la normativa europea. Desde 2023, el Estado francés impide la comercialización de viviendas que no cuenten con certificados de eficiencia energética mínimos.

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El Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) propone acoplar un plan de rehabilitación a largo plazo a las restricciones de eficiencia energética impuestas en el mercado. Esto podría mejorar la calidad del parque de viviendas y servir como motor para la rehabilitación.

Posibles propuestas para España

Siguiendo el modelo francés, España podría exigir determinados niveles de certificados energéticos para alquilar una vivienda o penalizar a los propietarios cuyas viviendas no alcancen la certificación mínima exigida mediante alquileres más bajos.

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Otras propuestas para primeras residencias incluyen la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para propietarios que realicen mejoras de eficiencia energética o su incremento para quienes no lo hagan.

Oportunidades y desafíos

La rehabilitación energética de edificios es un sector en alza que generará oportunidades laborales y movilizará presupuestos millonarios. Para afrontar esta ambiciosa transformación, España contará con recursos europeos como los Fondos Next Generation y medidas locales como deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El reto principal radica en las características del parque residencial español, que difieren de otros países europeos y suponen desafíos para la descarbonización de inmuebles.