El Gobierno afronta tres retos fiscales antes de fin de año: gravamen a la banca, impuesto energético y subida al diésel
El Ejecutivo prevé aprobar el próximo lunes un nuevo impuesto energético, abordar la subida fiscal del diésel y corregir un fallo técnico en el impuesto a la banca.
El Gobierno se enfrenta a tres retos fiscales en los próximos días: el gravamen a la banca, el impuesto energético y la subida al diésel. Estos tres asuntos están pendientes de resolución antes de que finalice el año y su aprobación se antoja complicada debido a la falta de mayoría del Ejecutivo en el Congreso.
Gravamen a la banca
El impuesto a la banca, aprobado en 2022, ha sido modificado recientemente para adaptarlo a las exigencias de Junts y el PNV. El gravamen tendrá una duración de tres años y se aplicará sobre el margen de intereses y comisiones. El tipo impositivo será progresivo en función de la base liquidable de la entidad.
Sin embargo, el Gobierno todavía tiene pendiente subsanar un fallo técnico en su redacción, que implica una doble imposición contable. Esta cuestión ha puesto en alerta a las entidades bancarias y al supervisor bursátil.
Impuesto energético
El impuesto energético, también aprobado en 2022, ha sido derogado recientemente por el Congreso gracias a una alianza entre Junts, PNV y el PP. El Gobierno ha anunciado que aprobará un decreto ley para que el impuesto siga en vigor el 1 de enero de 2025, pero es consciente de que esta fórmula no garantiza su permanencia.
El impuesto gravaba los beneficios extraordinarios registrados por las empresas energéticas tras la subida de los precios de la energía. Su derogación ha sido criticada por Podemos y la izquierda soberanista, que consideran que es necesario mantenerlo para recaudar ingresos y financiar políticas sociales.
Subida al diésel
La subida fiscal del diésel es otra de las medidas pendientes de aprobación por el Gobierno. Esta medida pretende eliminar la bonificación de la que el gasóleo se beneficia en comparación con la gasolina. Su aprobación es una de las exigencias de Bruselas para desbloquear el quinto pago de los fondos europeos.
La subida al diésel ha sido rechazada en anteriores ocasiones por el Congreso, pero el Gobierno confía en que esta vez sí salga adelante. La medida ha generado críticas por parte del sector del transporte, que considera que perjudicará a los trabajadores y a las empresas.
Estos tres retos fiscales son una muestra de la dificultad que tiene el Gobierno para sacar adelante sus proyectos legislativos. La falta de mayoría en el Congreso obliga al Ejecutivo a negociar con diferentes grupos parlamentarios, lo que en ocasiones dificulta la aprobación de las medidas.
“El tiempo aprieta. El fin de año está a la vuelta de la esquina y el Gobierno tiene varios asuntos pendientes en materia fiscal que pretende finiquitar cuanto antes, aunque asume que la brecha abierta en el bloque de investidura complicará sus planes”.
