Jornada laboral: ¡Ojo patrones! Pueden ir a prisión por no respetar horas extra

Una reciente reforma en México endurece las sanciones para los patrones que obliguen a sus trabajadores a realizar jornadas laborales por encima de los límites legales. Las nuevas medidas incluyen penas de prisión de 3 a 12 años y multas de hasta 70.000 días de salario.

¿Qué dice la reforma?

La reforma modifica el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Este artículo define como explotación laboral el hecho de someter a los empleados a jornadas excesivas, agregando esto como un cuarto supuesto a los ya existentes, que incluyen condiciones insalubres, salarios por debajo de lo establecido y desproporción entre el trabajo realizado y el pago recibido.

¿A quiénes aplica?

Las sanciones no solo aplicarán a los empleadores, sino también a sus representantes legales, gerentes, personal de recursos humanos u otros responsables de implementar jornadas fuera de los límites legales.

¿Cómo se determina la explotación laboral?

La Ley Federal del Trabajo estipula que si un patrón coacciona al trabajador para que realice horas extra —por ejemplo, amenazándolo con despedirlo si no accede—, esto puede considerarse explotación laboral y dar lugar a una denuncia.

¿Hay áreas grises?

A pesar de la claridad con la que la reforma define las sanciones, algunos especialistas advierten que aún existen áreas grises. Aunque se prohíbe exigir más de 9 horas extra a la semana, algunos tribunales podrían requerir pruebas de que las jornadas eran inhumanas, extenuantes o sin descansos adecuados para calificar como explotación laboral.

¿Qué recomiendan los expertos?

Los expertos recomiendan a las empresas asegurarse de que las jornadas laborales respeten los límites establecidos, documentar de manera clara los acuerdos de horas extra con los empleados y capacitar a sus equipos en el cumplimiento estricto de la normativa laboral.

Esta reforma busca proteger la dignidad y el bienestar de los trabajadores, pero también pone en alerta a empresas y abogados laborales. Ahora, más allá de sanciones económicas, el incumplimiento puede resultar en penas de prisión.

Estefanía Rueda, socia de Littler y experta en Derecho Laboral