Exaltos cargos imputados por la DANA en Valencia se defienden y señalan al Gobierno central
En un giro que está captando la atención de la opinión pública, Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, exjefe de Emergencias de la Generalitat, ambos imputados por su gestión durante la devastadora DANA que azotó Valencia en octubre pasado, están coordinando una estrategia de defensa que busca exculparlos y, al mismo tiempo, proteger al 'president' Carlos Mazón. Según Joaquín Gil (2025) de El País, durante su primera comparecencia judicial, los dos exfuncionarios están desplegando argumentos que apuntan a la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez y defienden sus acciones durante la tragedia que cobró la vida de 228 personas.
Las declaraciones de Pradas y Argüeso, recogidas este viernes en el Juzgado de Catarroja, están revelando una defensa sincronizada donde ambos exdirigentes están intentando trasladar la culpa de lo que salió mal a organismos del Gobierno central y a los técnicos. Además, según Gil (2025), están mostrando un apoyo explícito a Carlos Mazón, quien los catapultó a la primera línea política valenciana y que, irónicamente, los destituyó poco después de la catástrofe. Esta situación, según varios abogados presentes en las comparecencias, disminuye significativamente el riesgo de que alguno de los imputados decida revelar información comprometedora.
La defensa de Salomé Pradas: Inexperiencia y señalamiento al gobierno central
Salomé Pradas, visiblemente emocionada y entre lágrimas, afirmó ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que carecía de experiencia en la gestión de emergencias al asumir su cargo en julio de 2024. Pradas se describió como una simple licenciada en Derecho y profesora de Mercantil, argumentando que su rol era meramente institucional y que no dirigía operativamente las emergencias. «Solo tenía un cargo institucional», reiteró Pradas para justificar su gestión, según El País (Gil, 2025).
Además, Pradas aseguró haber informado a Carlos Mazón en varias ocasiones sobre la situación y defendió que la llegada tardía del 'president' al Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) no retrasó ninguna decisión crucial. También aclaró que la alerta a móviles se activó por el riesgo de rotura de la presa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo, punto crítico de la tragedia. La jueza, sin embargo, sostiene que una alerta temprana podría haber salvado vidas.
La Confederación Hidrográfica del Júcar en el punto de mira
La exconsejera también dirigió sus críticas hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Pradas argumentó que el Cecopi no se convocó a las 17:00 horas porque no se había alcanzado el nivel 2 de emergencias y que el 112 no proporcionó información adecuada sobre la riada al gobierno valenciano. Sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, Pradas declaró que nadie le advirtió sobre el peligro de la infraestructura, que resultó ser un detonante de la catástrofe que sepultó municipios como Catarroja y Paiporta. «Nunca nos dijeron que el Poyo se podía desbordar», insistió.
La postura de Emilio Argüeso: Vacaciones del subdirector y defensa de sus acciones
Por su parte, Emilio Argüeso declaró que el subdirector de Emergencias de la Generalitat estaba de vacaciones el día de la DANA. Argüeso también defendió que la magnitud de la tragedia no se debió a la tardanza del 'president' en el Cecopi ni al retraso en el envío de la alerta a móviles. Además, según Gil (2025), Argüeso afirmó que el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, no le informó sobre la retirada de sus agentes del barranco del Poyo.
En un documento previo remitido al juzgado, Argüeso aseguró que no tuvo responsabilidad en las inundaciones y solicitó que se investigara al responsable del 112. También presentó un informe pericial donde aseguraba haber alertado a la Generalitat sobre la gravedad de la situación a primera hora de la tarde del 29 de octubre. «Los barrancos están a punto de colapsar», escribió en un chat interno del Ejecutivo autónomo.
Fiscalía y el futuro de la investigación
La Fiscalía de Valencia solicitó confirmar la imputación de Pradas, argumentando que, según la legislación autonómica, era su responsabilidad determinar las medidas de protección a la población. Sin embargo, se opuso a que Argüeso figure como investigado, apoyando así su recurso de apelación.
A pesar de la gran cantidad de información y declaraciones, diversas fuentes coinciden en que no parece probable que Pradas y Argüeso vayan a comprometer la posición de Carlos Mazón. El País (Gil, 2025) concluye que, por ahora, los cimientos del Palacio de Manises, sede de la Generalitat, no corren peligro.
«No es habitual que dos imputados hablen abiertamente entre ellos en el juzgado. Hoy seguimos sin saber qué pasó y quiénes fueron los responsables de la mayor catástrofe de Valencia», lamentó un abogado de una de las acusaciones populares tras las declaraciones (Gil, 2025).
