Investigación en Valencia: Argüeso Declara Sobre la Gestión de Emergencias Durante la DANA
En medio de la investigación en curso sobre la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó Valencia, Emilio Argüeso, quien fuera secretario autonómico de Emergencias durante el gobierno de Carlos Mazón, está declarando ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Según fuentes de El País, Argüeso está afirmando que el subdirector de Emergencias de la Generalitat se encontraba de vacaciones el día de la tragedia. Este testimonio está surgiendo en un momento crítico, mientras se examina la respuesta y la gestión de la crisis que dejó un saldo trágico de 228 fallecidos y una estela de destrucción sin precedentes.
Defensa de la Gestión del President Mazón
Argüeso, junto con Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior, también investigada, están defendiendo la gestión del president Mazón durante la catástrofe. Ambos funcionarios fueron destituidos de sus cargos cuatro semanas después de la riada. Argüeso está indicando que, aunque el president Mazón llegó al Cecopi (centro de emergencias autonómico) a las 20:28 horas, 17 minutos después de que se enviara la alerta a los móviles, su presencia no exacerbó la situación, contradiciendo las acusaciones de negligencia por parte de las víctimas. «Estamos trabajando diligentemente para esclarecer todos los hechos y demostrar que la gestión fue la adecuada dadas las circunstancias», está afirmando Argüeso durante su declaración.
Bomberos Forestales Retirados del Barranco del Poyo
En un giro inesperado, Argüeso está revelando ante la magistrada que recientemente se enteró de que los bomberos forestales fueron retirados del barranco del Poyo, el cual, al desbordarse, desencadenó inundaciones mortales en municipios valencianos como Catarroja y Paiporta. Tanto Argüeso como Pradas están señalando a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y al Consorcio de Bomberos como responsables de la tragedia. «Estamos cooperando plenamente con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes», está enfatizando Pradas. Además, Argüeso está asegurando que el 112, el número de atención telefónica de la Generalitat, no informó al Cecopi, del cual él era el máximo responsable, sobre la gravedad de la situación.
Acusaciones y Defensa
Argüeso está defendiendo que José Miguel Basset, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la DANA, no le informó sobre la retirada de sus agentes del barranco del Poyo. Basset, en su comparecencia del 2 de abril ante la comisión de investigación de la riada de la Diputación de Valencia, declaró que la vigilancia del barranco del Poyo cesó porque el caudal disminuyó y porque había “ganas de comer”. La jueza imputó a Pradas y Argüeso el pasado 10 de marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, delitos que conllevan penas de hasta cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.
Confederación Hidrográfica del Júcar Bajo la Lupa
Las acusaciones contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) están colocando el foco sobre la gestión de los recursos hídricos y la prevención de inundaciones en la región. La CHJ, dependiente del ministerio de Transición Ecológica, está siendo señalada por presuntas omisiones y fallos en el mantenimiento de infraestructuras clave para la prevención de desbordamientos.
«Estamos revisando exhaustivamente todos los protocolos y procedimientos para garantizar que se implementen las medidas necesarias para evitar futuras tragedias», está declarando un portavoz de la CHJ.
El Papel del 112 en la Gestión de la Emergencia
La controversia sobre la falta de comunicación entre el 112 y el Cecopi está generando interrogantes sobre la coordinación de los servicios de emergencia. Si se confirma que el 112 no informó al Cecopi sobre la gravedad de la situación, esto podría evidenciar fallos críticos en la cadena de mando y en la comunicación entre las diferentes entidades responsables de la gestión de emergencias. «Estamos investigando internamente para determinar si hubo fallos en la comunicación y para implementar las mejoras necesarias», está afirmando un alto funcionario de la Generalitat.
El Futuro de la Investigación y las Posibles Consecuencias Legales
La investigación judicial está avanzando, y las declaraciones de Argüeso y Pradas están aportando nuevos elementos para el análisis de la jueza y el fiscal. La imputación por homicidios y lesiones imprudentes podría acarrear graves consecuencias legales para los implicados, dependiendo de las pruebas que se presenten y de la valoración que haga la justicia. La sociedad valenciana está observando atentamente el desarrollo de este caso, exigiendo transparencia y justicia para las víctimas de la DANA.
Este es un momento crucial para la justicia y para la memoria de aquellos que perdieron la vida en la riada. La investigación está desentrañando las responsabilidades y los fallos que pudieron haber contribuido a la magnitud de la tragedia. El objetivo final es aprender de los errores y asegurar que Valencia esté mejor preparada para afrontar futuras emergencias.
Fuente: Artículo de Joaquín Gil en El País.
