Indemnizaciones irrisorias por prisión preventiva indebida
En España, las indemnizaciones por prisión preventiva indebida son irrisorias. Así lo denuncia un reciente informe del Tribunal de Cuentas, que revela que el Estado solo paga una media de 27 euros por día de privación de libertad a las personas que son absueltas después de haber pasado tiempo en la cárcel. Esta cantidad es muy inferior al salario mínimo interprofesional, que en 2023 es de 1.000 euros mensuales (33,33 euros diarios).
El caso de Sandro Rosell
Uno de los casos más llamativos de prisión preventiva indebida es el de Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona. Rosell fue detenido en 2017 acusado de blanqueo de capitales y pasó 645 días en prisión preventiva. Finalmente, fue absuelto de todos los cargos, pero el Estado solo le indemnizó con 18.000 euros, menos de 28 euros por día de privación de libertad.
El caso de Dolores Vázquez
Otro caso emblemático es el de Dolores Vázquez, que fue acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof. Vázquez pasó 17 meses en prisión preventiva hasta que fue absuelta. El Estado le denegó la indemnización por prisión preventiva indebida porque el asesinato de Wanninkhof sí ocurrió, aunque ella no tuvo nada que ver. Vázquez tuvo que reclamar por la vía del error judicial, pero el daño que sufrió quedó sin resarcir.
Falta de criterios para fijar las indemnizaciones
El informe del Tribunal de Cuentas denuncia la falta de criterios para fijar las indemnizaciones por prisión preventiva indebida. Los jueces tienen libertad para determinar la cantidad, lo que provoca disparidad de criterios y sentencias injustas. Los abogados penalistas piden que se establezca un baremo objetivo que tenga en cuenta el tiempo de privación de libertad, las consecuencias personales y familiares, y el lucro cesante.
El Estado no quiere pagar
El informe también critica al Estado por su falta de voluntad para pagar indemnizaciones por prisión preventiva indebida. Los expertos señalan que el Estado no quiere reconocer el daño que causa a las personas que son privadas de libertad injustamente y que prefiere ahorrar dinero a costa de ellas.
Conclusión
En España, las indemnizaciones por prisión preventiva indebida son irrisorias. El Estado no reconoce el daño que causa a las personas que son privadas de libertad injustamente y no quiere pagar por ello. Es necesario establecer un baremo objetivo para fijar las indemnizaciones y garantizar que las víctimas de prisión preventiva indebida reciben una compensación justa.
