Los sindicatos prevén que la jornada laboral de 37,5 horas se apruebe en primavera
La catástrofe provocada por la dana ha obligado a suspender numerosas cuestiones que afectan a las acciones del Gobierno. Entre ellas, se encuentran las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, que quedaron interrumpidas justo cuando la patronal iba a comunicar oficialmente su decisión de no formar parte del acuerdo.
Ante esta situación, el Gobierno negociará en solitario con los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO) y Unión General de Trabajadores (UGT) el texto que posteriormente llevará al Congreso, donde, según fuentes sindicales, "por mucha prisa que se den, no podrá aprobarse antes de la primavera".
Cambios en el registro horario y aumento de sanciones
Los sindicatos tienen especial interés en conseguir un importante cambio en el diseño y exigencias del registro horario, para lo que contarán con el apoyo del Ministerio de Trabajo. El objetivo es aprobar un registro completamente digital, no manipulable y con acceso directo por parte de la Inspección y de los propios trabajadores.
También se prevé un aumento de las sanciones por incumplimiento del registro horario, con un claro incremento del importe de las multas económicas para las empresas que cometan infracciones. Además, se está negociando la posibilidad de que las multas pasen a ser individuales por cada trabajador afectado por las irregularidades detectadas.
Ayudas a las empresas y apoyo parlamentario
La gran incógnita de lo que resta de negociación afecta a las posibles ayudas a las empresas para que implanten la jornada de 37,5 horas y los nuevos sistemas de registro. El Gobierno podría retirar ahora estas ayudas del texto que negocie en solitario con los sindicatos, aunque no se descarta que recupere su oferta para intentar convencer a algún grupo parlamentario.
El PNV ha mostrado esta misma semana a los líderes de CC OO y UGT su disposición a respaldar la reducción de la jornada, por lo que todas las miradas apuntan ahora a Junts, el socio de investidura más reticente a dar su voto favorable. Los sindicatos creen que Trabajo podría ofrecer a los independentistas catalanes la opción de recuperar las ayudas.
