La Comisión Europea denuncia a España ante el TJUE por las trabas tributarias a las fusiones
La Comisión Europea (CE) ha decidido denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre Fusiones, que tiene como objetivo eliminar los obstáculos tributarios a las reorganizaciones transfronterizas entre empresas de distintos Estados miembros.
La directiva armoniza las normas fiscales relativas a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones entre sociedades en el mercado interior de la UE. Su fin es racionalizar los procesos de reestructuración de las empresas, reforzando así la competitividad y estimulando el crecimiento económico en Europa.
Escisiones totales de empresas
En concreto, la CE denuncia que la legislación española aplica condiciones restrictivas a las escisiones totales de empresas, que no están previstas en la directiva. Tras una escisión total, los accionistas de la empresa escindida deben mantener la misma proporción de acciones en cada una de las empresas que hayan recibido los activos de la sociedad escindida.
Si no se cumple esta condición, la normativa española exige que los activos y pasivos transferidos sean ramas de actividad y, en consecuencia, no se beneficien de ventajas fiscales. Estas condiciones no están contempladas en el derecho de la UE y, por lo tanto, constituyen una violación de la directiva sobre fusiones, según la CE.
Distorsión del mercado interior
El Ejecutivo comunitario sostiene que una aplicación incorrecta de la Directiva sobre Fusiones por parte de un Estado miembro introduce una distorsión que perturba el mercado interior y contribuye a la inseguridad jurídica de las empresas.
Procedimiento de infracción
La CE inició un procedimiento de infracción contra España en 2029 por incumplimiento de la directiva. Posteriormente, envió un dictamen motivado en 2019 exigiendo al Gobierno español que ajustara su legislación a las exigencias de la norma europea.
Sin embargo, las autoridades españolas han defendido que su legislación fiscal ya respeta la Directiva sobre Fusiones. Una opinión que no comparte la CE, que considera que los esfuerzos de España han sido insuficientes hasta la fecha.
España podría enfrentarse a multas
Si el TJUE falla en contra de España, el país podría enfrentarse a multas coercitivas hasta que cumpla con la directiva. Además, las empresas que se hayan visto afectadas por la aplicación incorrecta de la norma podrían reclamar daños y perjuicios al Estado español.
