Debido a la falta de recursos, la elección judicial en México podría adoptar un formato similar a una consulta popular, reduciendo el número de casillas y mesas receptoras de votos.
Implicaciones económicas
El menor número de centros de votación se traduciría en ahorros significativos en costos:
- Menor contratación de Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales.
- Reducción en la inversión en capacitación y traslados.
- Menos urnas, mamparas e impresiones necesarias.
- Gasto reducido en alimentación, sanitización y limpieza de los espacios.
Implicaciones logísticas
Los centros de votación que agrupen diferentes casillas implicarían:
- Distancias más largas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.
- Imposibilidad de votar para quienes estén de viaje o fuera de sus hogares.
Reducción de estándares de calidad
Para abaratar costos, el material electoral podría reducir su calidad:
- Menos candados de seguridad en las boletas.
- Reducción en la densidad, visibilidad e invisibilidad de las fibras del papel seguridad.
- Menos fibras ópticas, tinta invisible e impresiones a nivel macro e invertida.
La elección judicial implica una trascendencia mayor que la de una consulta popular, por lo que es esencial garantizar su calidad y legitimidad.
Posible escenario
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó 13 mil 205 millones de pesos para la elección judicial, mientras que, en caso de una consulta popular, el presupuesto solicitado sería de cuatro mil 620 millones de pesos, lo que representa el 35% del costo de la elección judicial.
El INE está analizando diversas opciones para reducir el presupuesto sin comprometer la calidad del proceso electoral, como reducir el número de casillas, utilizar un sistema de votación en línea o implementar un voto por correo.
