La Junta de Andalucía se desliga de los exgerentes del SAS investigados por contratos de emergencia
La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, ha evitado este martes defender la labor de los dos directores que tuvo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, por la causa judicial en la que se investiga un presunto abuso de los contratos de emergencia.
Amparo solo para la actual gerente
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, ha eludido amparar a Guzmán y Vargas pero sí lo ha hecho con la actual responsable del SAS, Valle García Sánchez, a pesar de que los tres están siendo investigados por prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.
Ante la pregunta de si la defensa cerrada de la actual gerente se hace extensible a sus predecesores, España ha respondido: "Yo defiendo a una persona que ahora forma parte de la Junta, los demás ya no forman parte. No pongo la mano [en el fuego], le estoy diciendo que nos extraña la denuncia del PSOE contra una señora funcionaria profesional [García Sánchez] que no es afiliada al PP. Nos extraña contra ella, una mujer que hace su trabajo muy bien".
Sin embargo, a pesar de la afirmación de España, Diego Vargas sí pertenece a la Junta, en concreto es desde el pasado junio director gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, empresa pública perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo.
Investigación judicial
El juzgado ha imputado a García Sánchez por las adendas de prórrogas de adjudicaciones a dedo firmadas el pasado enero y julio, y esta se personó en la causa ayer lunes con abogado propio y no de la Junta, según España.
El juzgado y la Fiscalía Anticorrupción investigan el presunto abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba estas adjudicaciones a dedo por la emergencia de la pandemia de covid.
Carolina España ha repetido que en 2024 el SAS no ha firmado contratos de emergencias, sino que solo ha abonado los pagos suplementarios de contratos anteriores, según el último informe de la Intervención de la Junta del pasado julio.
Intento de desvinculación
Hace un mes, en la línea de la estrategia planteada por España este martes, Catalina García, exconsejera de salud y Consumo —hoy de Sostenibilidad y Medio Ambiente—, ya intentó desvincularse de las decisiones de los exgerentes del SAS bajo su mando, Guzmán y Vargas.
Hace una semana los socialistas andaluces ampliaron la querella, presentada en junio, para pedir la imputación de la actual gerente del SAS por la firma de adendas de los contratos exprés el pasado enero y julio.
