La Fiscalía acusa a la pareja de Ayuso de confesar dos delitos fiscales y propone una condena de ocho meses de prisión
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un escrito en el que acusa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de confesar dos delitos fiscales y propone una condena de ocho meses de prisión, el abono de la cuota defraudada (350.951 euros), los intereses de demora y una sanción del 40% de lo debido a Hacienda, lo que sumaría un total de 520.000 euros.
En un escrito de ocho páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el abogado de González Amador reconoce los hechos y detalla la pena que está dispuesto a aceptar para evitar entrar en prisión. El escrito es un anexo al correo electrónico ya conocido en el que el abogado admitió que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública” y contiene en detalle la pena que está dispuesto a aceptar.
Según la Fiscalía, González Amador habría cometido dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil a través de una trama de facturas falsas que asciende a 350.951 euros. Los hechos investigados se corresponden con los ejercicios fiscales del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021.
El abogado de González Amador, Carlos Neira, envió este escrito el 2 de febrero a las 12.45 bajo el asunto “Propuesta conformidad penal delito contra la HP (Hacienda Pública)”. En el escrito se detallan en seis apartados la postura de González Amador sobre el fraude, que había sido investigado por los inspectores de Hacienda durante 18 meses.
En la primera frase, la pareja de Ayuso reconoce los hechos: “Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y su autoría como administrador único y socia (sic) de la sociedad Maxwell Cremona”.
Es más, en otro epígrafe, sobre el castigo de cárcel, acepta “una pena de prisión de 4 meses por cada delito a imponer a Alberto González Amador”. Es decir, que aceptaría ocho meses de cárcel. A esto le suma “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses”.
Respecto a la multa, y conforme al artículo 305.6 del Código Penal, el letrado propone la imposición de “una multa del 40% de la cuota defraudada, atendiendo al resarcimiento del daño, y al reconocimiento de los hechos”. Además, el escrito también incluye el compromiso de pago de las costas.
En el último apartado, de suspensión de la pena, el abogado recuerda que “en todo caso, esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada”. González Amador declarará el 20 de mayo en el juzgado de instrucción número 19 de Madrid.
El PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid defienden a González Amador como víctima de una cacería política
El PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han activado desde el principio de este caso una maquinaria mediática para presentar a González Amador como víctima de una cacería política. Como parte de esta ofensiva, la presidenta presentó la semana pasada como supuesta prueba una devolución tributaria de 620.000 euros, que formaban parte de un intento de regularización durante la investigación que no fue aceptado por Hacienda.
En este escrito, el abogado reconoce que ese pago voluntario “no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad”. Y añade: “Con lo cual estamos completamente de acuerdo”.
El jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, filtró el 15 de marzo al diario El Mundo, y luego a otros medios, el contenido de un correo electrónico con la aparente idea de confundir sobre quién propuso inicialmente el acuerdo.
El principal colaborador de Ayuso no solamente difundió ese correo, sino que contó a los periodistas, y a través de sus redes sociales, que se ofreció ese acuerdo al novio de la presidenta, pero después el fiscal encargado del caso recibió “órdenes de arriba para retirar la propuesta de acuerdo... todo sucio”.
Al día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid, a través de una nota pública y escueta, explicaba que fue al revés, que el abogado de González Amador se dirigió el 2 de febrero por correo electrónico a la Fiscalía proponiendo un pacto y reconociendo los hechos delictivos que se atribuían a su cliente.
