La Suprema Corte Invalida Reforma Energética de AMLO
En una demostración palpable de la independencia del poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado la controversial reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, propuesta por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha resolución se ha generado en medio de una tesitura dividida donde el voto de calidad por parte del Ministro Alberto Pérez Dayán ha sido crucial para determinar el desenlace del amparo interpuesto por empresas del sector energético, que clamaban afectaciones económicas y violaciones constitucionales.
La lucha emprendida desde el 2021 por diferentes actores del panorama energético ha marcado un punto de inflexión en la industria, con impactos significativos en la dinámica de competencia y en la transición hacia energías limpias. Cabe destacar que, en el centro de este debate, subyace la preeminancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a las compañías privadas, punto neurálgico de la reforma gubernamental. Este hecho ha propiciado también roces comerciales con Estados Unidos y Canadá, al presentarse como una potencial contravención del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Tras intensas discusiones, la resolución de la SCJN ha subrayado cómo la reforma transgredía principios fundamentales de competencia y equidad en el mercado. Este histórico fallo no solo supone un tropiezo para los esfuerzos de la administración actual por fortalecer las entidades estatales sobre las privadas, sino que posibilita la apertura a un mercado energético más inclusivo y justo.
La decisión del poder judicial ha trascendido las barreras nacionales, enviando una señal de alivio a los mercados internacionales y suavizando las tensiones existentes con socios comerciales. El fallo responde a amparos interpuestos por apenas seis empresas, pero su efecto tendrá repercusiones extendidas por toda la industria, afectando directamente las operaciones y la competitividad en el sector.
El impacto de esta sentencia abre una panoplia de interrogantes en torno a las futuras políticas energéticas y la posición que adoptará el Gobierno de México. Ahora, con una balanza judicial que se decanta por la competencia leal y el respeto a los marcos normativos establecidos, el camino hacia un esquema energético renovado y resiliente parece más claro y viable.
