Bufete Legalsha Lleva al Constitucional la Disputa por Costas Judiciales Bancarias

En un movimiento audaz, el bufete Abogados Legalsha está llevando al Tribunal Constitucional una queja formal sobre lo que consideran compensaciones económicas injustamente bajas impuestas a los bancos en casos de cláusulas abusivas en líneas de crédito. Según Jorge Velasco (2024) de El País, el bufete está demandando que el Tribunal de Garantías intervenga para regular las compensaciones económicas que los juzgados están aprobando para indemnizar a los clientes y cubrir los costos de los procedimientos judiciales.

La firma argumenta que estas compensaciones son tan bajas que ni siquiera cubren los gastos básicos, como el envío de un burofax al abogado. Legalsha advierte que, si el recurso no es admitido, llevarán el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Antecedentes del Caso y la Postura de Legalsha

El caso surge de un litigio entre un cliente defendido por Legalsha y ID Finance Spain, relacionado con una línea de crédito abusiva. Previamente, Legalsha intentó llegar a un acuerdo extrajudicial con el banco para evitar el conflicto, pero la financiera se negó. Esta negativa, según Legalsha, es una táctica común de las entidades para dilatar los procesos y forzar a los clientes a litigar (Velasco, 2024).

Durante las negociaciones, Legalsha exigió la devolución total de las cantidades cobradas indebidamente, mientras que la financiera solo ofreció el 80%. Ante la falta de acuerdo, el caso llegó al Juzgado de Primera Instancia Número 61 de Madrid.

La Decisión Judicial y la Controversia en las Costas

El juez falló a favor del consumidor, condenando al banco a devolver el dinero cobrado indebidamente y a cubrir las costas del pleito, que ascendían a 2.500 euros. Sin embargo, ID Finance Spain impugnó la decisión, solicitando una reducción drástica de las costas judiciales a solo 494 euros. El Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) aprobó la petición, a pesar de la apelación de Legalsha, lo que motivó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Según el CEO de Legalsha, Rebin Shamamy, este tipo de situaciones son frecuentes en los juzgados de primera instancia, donde los LAJ aprueban costes judiciales muy bajos, beneficiando a las entidades financieras y fomentando la litigación. Shamamy (como se cita en Velasco, 2024) afirma que:

«No solo no son condenadas drásticamente por forzar al consumidor a acudir a la vía judicial, si no que se les favorece económicamente para seguir con su estrategia de rechazar sistemáticamente las reclamaciones en fase extrajudicial».

La Vulneración de los Derechos del Consumidor

Shamamy (2024) también argumenta que estas prácticas vulneran los derechos fundamentales de los consumidores, quienes, tras ganar un juicio, deberían recuperar los gastos del proceso. Sin embargo, las cantidades estimadas por los juzgados son insuficientes, impidiendo que los clientes se resarzan de los gastos de abogado y procurador, lo que socava la tutela judicial efectiva.

Además, esta situación disuade a los consumidores de reclamar prácticas abusivas de los bancos, ya que el importe aprobado no cubre los gastos de tramitación, reforzando la estrategia de las entidades de forzar la vía judicial. Shamamy enfatiza la gravedad de que esto se esté favoreciendo en los juzgados.

Desigualdad de Trato entre Letrado y Procurador

Legalsha también plantea la desigualdad de trato entre el letrado y el procurador en el litigio. Denuncian que a los procuradores se les permite tasar costas superiores debido a la regulación de sus honorarios, mientras que los honorarios de los letrados carecen de regulación sectorial. Este trato discriminatorio perjudica al consumidor, quien ha soportado los costes y se ve afectado por una resolución arbitraria e injusta.

Próximos Pasos y Advertencia Final

Legalsha busca que el Tribunal Constitucional desestime la condena en costas impuesta por el juzgado madrileño y obligue a dictar una nueva resolución que confirme la tasación de costas de ambos profesionales en términos proporcionales y de equidad. Según Shamamy (2024), Legalsha no se quedará de brazos cruzados ante estos atropellos y recurrirá al Tribunal Constitucional o, en su defecto, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Referencias