El país se encuentra ante un escándalo en el ámbito social y gubernamental, al revelarse que beneficiarios del plan Potenciar Trabajo habrían incurrido en irregularidades de gran calado. En una detallada investigación, la Justicia ha recibido una denuncia en la que se evidencia que miles de titulares del mencionado programa habrían viajado al exterior por lapsos que superan el mes, llegando a destinos incluso fuera de Latinoamérica, lo que contravendría las normas establecidas para su correcta adjudicación y posterior disfrute.
¿Quiénes son los involucrados y cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
La subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, ha sido la encargada de llevar adelante el informe que pone en jaque a 22.501 titulares activos del plan. Este evento ha suscitado la reacción del Gobierno, que a través de la ministra Sandra Pettovello y la UFISES, dirigida por el fiscal federal Guillermo Marijuan, buscan esclarecer la situación y tomar las medidas pertinentes.
¿Qué acciones se han tomado hasta la fecha?
La fiscalía ha procedido con la solicitud de informes a entidades como la AFIP y el Banco Central. Se han efectuado bajas en el plan y se ha expuesto que empleados públicos, quienes por su naturaleza laboral presentan incompatibilidad, figuran entre los receptores del beneficio. Estas acciones son un reflejo de la firme decisión del Gobierno de rectificar y optimizar la asignación de los recursos sociales.
Impacto económico y medidas futuras
En términos económicos, el desembolso indebido de estos beneficios representa cifras millonarias, poniendo de relieve la importancia de un manejo transparente y justo de los fondos públicos. De cara al futuro, medidas adicionales serán indispensables para prevenir y sancionar estos actos que menoscaban la confianza en los sistemas de apoyo social.
