La ley de simplificación de Mazón abre la puerta a la privatización de los servicios sociales, según UGT
El sindicato denuncia un tijeretazo en la atención en las residencias de mayores y estudia acciones jurídicas y movilizaciones
El sindicato UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado este jueves que el Consell presidido por Carlos Mazón (PP) ha aprovechado la tramitación parlamentaria de la ley de Simplificación Administrativa, en vigor desde el pasado martes, para “dinamitar la normativa de servicios sociales”, lo que supone “graves recortes de personal”, además de “abrir la puerta a las privatizaciones porque elimina que la gestión directa sea la fórmula preferente.
“El Gobierno valenciano, a través de sus apoyos parlamentarios, ha aprovechado para unos cambios que suponen un desmantelamiento de toda la arquitectura normativa establecida en los últimos ocho años, de manera que la atención a la persona deja de ser el centro desde el cual se construyen los servicios sociales, para favorecer los intereses del empresariado”, interpreta UGT-PV.
Según la organización sindical, los cambios legales introducidos duplican la capacidad máxima permitida de las residencias de personas mayores, al pasar de 75 a 150 plazas para las nuevas residencias, y rebajan la plantilla, reduciendo una tercera parte las ratios de personal que atienden a los mayores, lo que, según UGT, puede provocar “una masificación de los centros y el deterioro de la calidad asistencial”.
Además, favorecen la privatización de los Servicios Sociales al eliminar de la ley la prevalencia de las administraciones públicas para la gestión directa de los centros, incluso el mantenimiento de los mismos, al tiempo que se recortan los derechos laborales ya que se elimina la obligación de las empresas privadas a que la plantilla mínima tenga contratos indefinidos.
UGT entiende, además, que abre el camino a la privatización de los equipos de servicios sociales municipales, ya que elimina la reserva legal para que los servicios de atención primaria básica y los específicos, así como la prescripción de las prestaciones, sean desempeñadas por personal de los ayuntamientos y mancomunidades.
Estas modificaciones fueron introducidas a través de enmiendas respaldadas por los grupos PP y Vox en las Cortes Valencianas y han supuesto alteraciones de calado tanto en la Ley de Servicios Sociales vigente desde 2019 como en su desarrollo normativo, especialmente en el conocido como decreto de tipologías de 2023, que establece la calidad de los servicios sociales mediante la regulación de plantillas de personal, número de usuarios atendidos y espacios donde se les atiende.
UGT Serveis Públics denuncia que “el Consell no esté buscando el bienestar de la ciudadanía, sino sólo facilitar los beneficios económicos de las residencias, que gracias a estos cambios normativos no se verán obligadas a contratar más personal y aumentarán sus ingresos al albergar a más personas usuarias”.
La responsable de Política Social de UGT Serveis Públics PV, María Navarro, ha lamentado que estos cambios “se han hecho por la puerta de atrás y suponen desmantelar el modelo de servicios sociales que ponía a las personas en el centro y desandar años de trabajo, de diálogo y de mejoras en la atención a la ciudadanía”. Según Navarro, el sindicato estudia acciones tanto jurídicas como posibles movilizaciones para articular una respuesta de rechazo a los cambios aprobados.
El Gobierno ha reaccionado a la denuncia de UGT. La directora general de Personas Mayores de la Generalitat, Beatriz Simón, ha resaltado que el Ejecutivo plantea un nuevo escenario para hacer realidad la creación de residencias e incentivar nuevas plazas “para ponernos a la cabeza de plazas por persona en España”.
Simón ha indicado que la capacidad de una residencia es independiente de la atención porque se organizan por unidades de convivencia y ha explicado en este punto que la nueva fórmula “mantiene inamovible el módulo de unidades de convivencia, establecido en 25 personas, que es por lo que realmente se mide el cuidado y la atención personalizada e integral, que es prioritario para el Consell”.
