El gobierno de Javier Milei profundiza el recorte al sector público con la disolución de más fondos fiduciarios
La administración de Javier Milei continúa con su política de ajuste sobre el sector público, esta vez con la disolución de tres nuevos fondos fiduciarios. Se trata del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el Fondo Fiduciario del Servicio Universal y el Fondo Fiduciario para Vivienda Social.
Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF)
El PRODAF fue creado en 2015 con el objetivo de brindar avales para el acceso al crédito a los beneficiarios del programa de agricultura familiar. Sin embargo, según el gobierno, el fideicomiso ya ha cumplido su objetivo y, por lo tanto, su disolución es oportuna.
Fondo Fiduciario del Servicio Universal
Este fondo fue creado en 2017 para financiar proyectos de desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Según el gobierno, se han detectado casos de proyectos aprobados sin los requisitos necesarios, por lo que se considera necesaria su disolución.
Fondo Fiduciario para Vivienda Social
Creado en 2018, este fondo tenía como objetivo financiar programas de vivienda social. Sin embargo, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), no se ha acreditado la devolución de las sumas aportadas por el fondo para obras que se encuentran rescindidas. Además, se han verificado obras culminadas sin rendición final, por lo que el gobierno considera oportuna su disolución.
La disolución de estos fondos se enmarca en la política de ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei, que ya había eliminado otros cinco fideicomisos vinculados a la promoción de capital emprendedor, asistencia a víctimas de trata, competitividad del sector azucarero en el NOA, refinanciación hipotecaria e inversión estratégica.
Reacciones a la disolución de los fondos
La disolución de los fondos fiduciarios ha generado críticas por parte de organizaciones sociales y sindicatos. Argumentan que estos fondos cumplían un rol importante en el apoyo a sectores vulnerables y que su eliminación afectará negativamente a la población.
El gobierno, por su parte, sostiene que la disolución de los fondos es necesaria para reducir el gasto público y eliminar duplicidades. Afirma que los programas financiados por estos fondos serán absorbidos por otros programas gubernamentales.
