Crisis en Muface: DKV solicita un 40% más, Asisa atiende el llamado del Gobierno y Adeslas guarda silencio
El plazo para las consultas abiertas por el Ejecutivo antes del lanzamiento de una nueva licitación para la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios finalizó el miércoles 4 de diciembre y las compañías aseguradoras interesadas presentaron sus propuestas.
DKV exige un aumento del 40,3%
DKV ha condicionado su participación en el nuevo convenio a un aumento del 40,3% de las primas, con una vigencia de solo un año. Esta exigencia se suma a las pérdidas de 600 millones de euros que la compañía asegura haber acumulado en los últimos tres años debido a la inflación, el mayor uso de servicios médicos y el envejecimiento de los mutualistas.
Asisa se muestra más conciliadora
Asisa ha adoptado una postura más conciliadora, aunque no ha revelado el importe exacto que estaría dispuesta a aceptar. La compañía ha reconocido la necesidad de mejorar el convenio, pero ha evitado comprometerse con una cifra concreta.
Adeslas guarda silencio
SegurCaixa Adeslas ha preferido no pronunciarse sobre su propuesta, aunque el sector da por hecho su participación en el proceso. Este silencio ha generado incertidumbre sobre la postura de la compañía y su disposición a continuar ofreciendo cobertura médica a los funcionarios.
El Gobierno maniobra para evitar el colapso
Ante la negativa de las aseguradoras a renovar el convenio con las condiciones actuales, el Ministerio de Función Pública busca una solución exprés. Se espera que esta misma semana se publique una nueva licitación con el objetivo de encontrar una empresa que asuma el servicio antes de finales de año.
Sindicatos y Comunidades Autónomas presionan
La crisis de Muface ha generado una fuerte presión por parte de sindicatos y Comunidades Autónomas. Los sindicatos de profesores, que representan el 66% de los mutualistas, han convocado movilizaciones para el 11 de diciembre. Por su parte, los consejeros de salud de varias Comunidades Autónomas han expresado su preocupación por el posible colapso del sistema público de salud si los funcionarios se ven obligados a acudir a los centros públicos.
Opción barajada: elegir entre sanidad pública o concertada
El Ministerio de Función Pública está considerando la posibilidad de obligar a los funcionarios a elegir de forma permanente entre la sanidad pública y la concertada a través de aseguradoras. También se plantea ampliar la duración del convenio a tres años, aunque DKV ha rechazado esta opción por las posibles pérdidas que podría acarrear.
Otros convenios afectados
La crisis de Muface también está afectando a otros convenios similares, como los de los empleados públicos de Justicia (Mugeju) y los militares y guardias civiles (Defensa). En estos casos, Sanitas y Mapfre han decidido no presentarse a la licitación, mientras que Adeslas y Asisa sí han acudido, aunque un tribunal administrativo ha acordado suspender el proceso de adjudicación.
Conclusión
La crisis de Muface pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de asistencia sanitaria para los funcionarios. El actual convenio está infrafinanciado y las aseguradoras exigen un aumento significativo de las primas para seguir ofreciendo cobertura. El Gobierno debe encontrar una solución que garantice la calidad y sostenibilidad de la asistencia sanitaria para este colectivo, teniendo en cuenta las demandas de las aseguradoras y las preocupaciones de los sindicatos y Comunidades Autónomas.
