En medio del desarrollo inmobiliario en zonas urbanas, la Justicia está frenando obras que exceden las alturas permitidas, lo que genera incertidumbre y pérdidas económicas para las empresas desarrolladoras e inversores.
Casos de obras frenadas
El "caso Astor" en Avenida Caseros ilustra la situación. Una constructora obtuvo un permiso para construir un edificio de casi 30 metros en una zona donde la altura máxima es de 22 metros. Los vecinos presentaron demandas y la Corte Suprema sentenció que efectivamente excedía los metros permitidos, interrumpiendo las obras.
Otro ejemplo es una obra en Luis María Campos, donde el permiso fue revocado y las estructuras quedaron abandonadas.
Impacto económico
La construcción genera una cadena de valor que abarca servicios profesionales, industriales e insumos. Las obras frenadas impactan negativamente en este sector.
Polémicas
La cámara empresarial CEDU reconoce un "cimbronazo" ante los fallos judiciales. Destacan que la inseguridad jurídica obstaculiza el desarrollo inmobiliario.
Vecinos de un polígono en Nuñez denuncian rajaduras en sus casas por obras cercanas. Sin embargo, la justicia rechazó la medida cautelar solicitada.
Medidas para fomentar la construcción
El gobierno impulsa las "hipotecas divisibles" para facilitar la adquisición de propiedades desde el pozo.
Caso "Torre Coto"
En Barracas, una megaestructura sobresale en un hipermercado abandonado. La "Torre Coto" languidece tras la oposición vecinal a su altura excesiva.
"La sensación es que no existe seguridad jurídica." - Directivo del Grupo Portland
Conclusión
La tensión entre el desarrollo inmobiliario y la protección de la calidad de vida urbana plantea desafíos legales y económicos. La búsqueda de un equilibrio entre ambos aspectos es crucial para el bienestar de las ciudades.
