Puesta en libertad de Claudio Rivas y otros detenidos en la trama de fraude de hidrocarburos

El 'supuesto casero' de Ábalos queda en libertad tras pasar dos meses en prisión por la trama de hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado este martes la puesta en libertad de Claudio Rivas, uno de los socios del comisionista Víctor de Aldama, principal implicado en el llamado caso Koldo. Rivas llevaba en prisión desde el 10 de octubre, tras ser acusado de participar en una trama de fraude de hidrocarburos.

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La Fiscalía Anticorrupción solicitó la libertad de Rivas después de que Aldama confesara su implicación en el caso Koldo. El ministerio público considera que no es necesario mantener en prisión a Rivas, ya que su capacidad para obstaculizar la investigación ha disminuido.

Rivas está vinculado a la empresa Villafuel, dedicada al sector de los combustibles e implicada en la investigación sobre el fraude del IVA. Tras recibir el escrito del fiscal, el juez Pedraz ha decretado la libertad de Rivas, ya que la ley no permite mantener en prisión a un investigado sin una acusación que lo solicite.

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Otros detenidos liberados

Además de Rivas, la Guardia Civil ha puesto en libertad a los cuatro detenidos el lunes en el marco de la investigación sobre el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. Entre los liberados se encuentra María del Carmen Pano Sánchez, la mujer que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Sin embargo, su detención no está relacionada con este hecho, sino con el caso de fraude fiscal.

Los otros tres detenidos eran la hija de Pano, Leonor González; el empresario Luis Alberto Escolano, socio de Aldama; y el directivo Carlos del Castillo. Todos ellos deberán declarar próximamente ante el juez.

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Investigación en curso

La investigación, dirigida por el juez Pedraz, apunta a un fraude de más de 220 millones de euros en el pago del IVA en el sector de los hidrocarburos. La operación del lunes incluyó registros en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, donde se incautó numerosa documentación que se está analizando para encontrar el dinero oculto por la trama.

El juez Pedraz ha afirmado que la organización criminal creó una estructura empresarial paralela para blanquear los capitales generados. Los primeros cálculos apuntan a un fraude de al menos 182 millones de euros en 2022 y 2023, a los que se suman otros 45 millones hurtados a Hacienda en 2021.

La Guardia Civil sospecha que el empresario Luis Alberto Escolano estaba siendo utilizado por Aldama para ocultar sus bienes a través de empresas en España y en el extranjero.

"La organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados", aseguró el juez Pedraz.