La defensa de Puigdemont argumenta que la justicia catalana debe decidir sobre la amnistía
El proceso legal en torno a Carles Puigdemont y la ley de amnistía está alcanzando un punto crucial. Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, se encuentra actualmente argumentando ante el Tribunal Supremo que la decisión sobre la aplicación de la amnistía a su cliente debe ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Esta petición surge en un contexto en el que el Tribunal Supremo ha mostrado reticencias a conceder la amnistía, alegando que la ley excluye el tipo de malversación que se atribuye a los líderes del procés.
Boye, quien también representa al exconsejero Toni Comín, está desafiando la postura del Supremo. Su argumento principal se basa en que, dado que ni Puigdemont ni Comín son actualmente eurodiputados, el TSJC es el tribunal competente para tomar una decisión sobre la medida de gracia. Según Boye, «no es competente el Tribunal Supremo porque la competencia radica en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» (R. Rincón, comunicación personal, 10 de marzo de 2025).
La postura de la Fiscalía y la Abogacía del Estado
En un giro interesante, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se están uniendo a la defensa de Puigdemont al solicitar al Supremo que se aplique la amnistía al expresidente y a los exconsellers. Esta postura marca una diferencia notable con la interpretación inicial del Supremo sobre la ley de amnistía.
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, considera «cuando menos sorprendente» que se argumente un beneficio económico por parte de los líderes del procés, contradiciendo la propia Sala Penal, que previamente describió la malversación como «un ejemplo paradigmático del desvío de fondos presupuestarios» (Ediciones EL PAÍS S.L., 2025).
El debate sobre la malversación y el enriquecimiento personal
Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno a la interpretación de la malversación y si esta implicó un enriquecimiento personal. La magistrada Ana Ferrer, quien formó parte del tribunal que juzgó el procés, ha invocado la propia doctrina del Supremo para recordar que nunca se encontró tal enriquecimiento personal en los condenados por malversación.
Ferrer argumenta que «ni en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, ni tampoco en el auto 20107/2023, 13 de febrero, hicimos mención a ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial de quienes en la causa del procés resultaron condenados como autores de un delito de malversación» (R. Rincón, comunicación personal, 10 de marzo de 2025). Esta opinión está sirviendo como base para los abogados de los procesados, así como para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en su petición de que se aplique la amnistía.
¿Qué sigue en el proceso?
El Tribunal Supremo ha celebrado una vista para analizar el recurso presentado por Puigdemont, Comín y Puig contra la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicarles la amnistía por el delito de malversación. Sin embargo, las perspectivas de que el tribunal estime los recursos son bajas, dado que la Sala de lo Penal ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía.
En caso de que la sala rechace las impugnaciones, Puigdemont y los exconsejeros tendrán la opción de recurrir al Tribunal Constitucional, que ya ha admitido a trámite los primeros recursos de amparo de condenados por el 1-O a quienes no se les aplicó la amnistía. La decisión final, por lo tanto, podría recaer en manos del Constitucional.
Advertencia sobre la trascendencia de la decisión
El abogado de Lluís Puig, Jaume Alonso Cuevillas, ha hecho hincapié en la importancia de la decisión que el tribunal tiene en sus manos. Ha advertido que «los libros de historia explicarán de aquí a unos años que hubo un conflicto territorial entre Cataluña y el resto del territorio y que hubo una ley que intentó conciliar y que hubo un grupo de magistrados recalcitrantes que intentaron torpedear la aplicación de una ley que sin duda acabará aplicándose» (R. Rincón, comunicación personal, 10 de marzo de 2025).
Posibles escenarios
- El Tribunal Supremo podría decidir aplicar la amnistía, aunque esto parece poco probable.
- Podría remitir la decisión al TSJC, como solicita la defensa de Puigdemont.
- Podría rechazar los recursos, abriendo la puerta a un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En resumen, el futuro de la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y otros líderes del procés sigue siendo incierto. El debate legal se centra en la competencia para tomar la decisión y en la interpretación de la ley en relación con el delito de malversación. El Tribunal Supremo se encuentra actualmente analizando los argumentos de las partes, y su decisión tendrá un impacto significativo en el panorama político y legal de Cataluña y España.
