Repsol advierte de que la "demagogia fiscal" podría llevarse una inversión de 1.100 millones fuera de España
El proyecto de Repsol de levantar en Tarragona una planta pionera para convertir residuos en combustible se encuentra en el aire por el intento del Gobierno de convertir en permanentes los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas.
La compañía energética sostiene que el endurecimiento impositivo compromete el retorno de la inversión y obliga a evaluar el traslado de la idea a su centro industrial de Sines (Portugal).
La inversión prevista es de 1.100 millones de euros y supondría la creación de 1.100 empleos directos e indirectos en Tarragona, donde Repsol tiene su principal centro de trabajo en España.
"Las empresas españolas deben implicarse con su país", ha criticado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ante la "amenaza" de Repsol de dejar en suspenso su millonaria inversión en Cataluña.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido muy crítico con la posibilidad de que se perpetúe el impuesto: "Me repugna particularmente la demagogia en torno a las cuestiones fiscales", ha manifestado recientemente.
El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha alertado sobre los posibles riesgos de mantener el impuesto a las energéticas a largo plazo, ya que puede afectar a la capacidad inversora de las empresas en un momento en que se encuentran en plena transición energética.
Según el diseño aprobado por Repsol, la planta podría procesar anualmente alrededor de 400.000 toneladas de residuos municipales no reciclables, lo que equivaldría a los residuos generados en un año por una población de 800.000 personas.
El proyecto también incluye el despliegue de "un electrolizador alcalino de gran capacidad a escala europea", diseñado para producir 2,7 toneladas de hidrógeno renovable por hora para las empresas que operan en el polo petroquímico de Tarragona, el de mayor envergadura del sur de Europa.
El Ministerio de Hacienda ha pospuesto la controvertida reforma para convertir en fijos los gravámenes extraordinarios sobre banca y energéticas, pero necesita ejecutarla antes del 31 de diciembre para poder hacer tributar a estos grandes grupos por los beneficios cosechados en este ejercicio.
