Sheinbaum se prepara para impugnar la decisión del INE sobre la promoción de la elección judicial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está decidida a llevar la batalla legal hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe al gobierno federal y a sus funcionarios la promoción de la participación ciudadana en la próxima elección judicial del 1 de junio. Esta contienda se vislumbra como un punto crucial en el futuro del sistema judicial mexicano, y la controversia sobre quién puede promoverla está escalando rápidamente.

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El argumento de Sheinbaum: Promoción versus campaña

Sheinbaum está defendiendo que su intención no es favorecer a ningún candidato en particular, sino simplemente informar y fomentar la participación. «Vamos a acudir al Tribunal porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin orientar (el voto), al igual que el INE, participen en la difusión de este evento tan transformador que ocurrirá en», afirmó, según informes de El Financiero (Ortega, 2024). La mandataria insiste en que su gobierno busca asegurar que la ciudadanía esté al tanto de la importancia de esta elección.

El INE marca la línea: Solo el Instituto puede promocionar

El INE, por su parte, ha sido claro en su postura. Los consejeros electorales han determinado que la promoción de la reforma judicial, así como la difusión de información sobre los candidatos, es una tarea exclusiva del propio Instituto. Esta decisión, según El Financiero (Ortega, 2024), busca garantizar la equidad en el proceso y evitar que recursos públicos sean utilizados para influir en el electorado. La resolución del INE prohíbe explícitamente a funcionarios públicos, no candidatos, y a instituciones públicas emplear recursos para promover el voto o la participación, alineándose con el artículo 134 constitucional.

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La controversia en Sonora y la defensa de Sheinbaum

Pese a la advertencia del INE, Sheinbaum aprovechó una gira reciente por Sonora para hablar sobre la elección judicial, durante el inicio de la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Según reporta El Financiero (Ortega, 2024), defendió la necesidad de esta elección, argumentando que «los otros eran bien corruptos». Para Sheinbaum, esta elección es un paso fundamental para construir un México más democrático, donde el poder reside en el pueblo.

¿Qué sigue? La batalla legal en el TEPJF

Ahora, la controversia se traslada al TEPJF. Claudia Sheinbaum está preparando su impugnación, argumentando que la decisión del INE limita la capacidad del gobierno para informar a la ciudadanía sobre un evento de gran importancia para el futuro del país. La mandataria está defendiendo su derecho a promover la participación, sin inclinar la balanza hacia ningún candidato.

Implicaciones y posibles escenarios

La resolución del TEPJF tendrá importantes implicaciones. Si el Tribunal falla a favor del INE, el gobierno federal y los gobiernos estatales tendrán que abstenerse de realizar cualquier tipo de promoción de la elección judicial. Si, por el contrario, el TEPJF da la razón a Sheinbaum, se abrirá la puerta a una campaña informativa más amplia por parte del gobierno.

Esta batalla legal no solo define los límites de la promoción electoral, sino que también refleja la tensión entre los diferentes poderes del Estado en México. La elección judicial del 1 de junio se está convirtiendo en un campo de batalla ideológico y político, donde se enfrentan diferentes visiones sobre la democracia y la participación ciudadana.

Contexto y relevancia de la reforma judicial

La reforma judicial, que incluye la elección de magistrados y ministros por voto popular, es una propuesta central del gobierno actual. Sus defensores argumentan que busca democratizar el sistema judicial y erradicar la corrupción. Los críticos, por otro lado, advierten sobre los riesgos de politizar la justicia y comprometer la independencia judicial.

El papel de la ciudadanía

En última instancia, la decisión sobre el futuro del sistema judicial recae en la ciudadanía. Es fundamental que los ciudadanos estén informados sobre las propuestas, los candidatos y los posibles impactos de la reforma. La controversia sobre quién puede promocionar la elección judicial subraya la importancia de garantizar un debate público transparente y plural, donde todas las voces puedan ser escuchadas.

Referencias