Los socios del Gobierno rechazan el acuerdo de pensiones que Sánchez escenificará esta semana
ERC, Bildu y BNG confirman que votarán en contra si no hay cambios en el texto. El PP también dejó clara su negativa la semana pasada.
El presidente del Gobierno anunció este lunes que el Gobierno firmará a lo largo de esta semana, junto a sindicatos y patronal, la nueva reforma de pensiones. Fuentes del diálogo social indican que el acto está previsto para el miércoles.
Pero, aunque haya firma y foto del Ejecutivo con los líderes sindicales y patonales, en absoluto está garantizado que buena parte de la norma salga adelante en el Congreso de los Diputados. Los parlamentarios de ERC, Bildu y BNG, que ya advirtieron la semana pasada de que el texto no les convencía, confirman a este periódico que votarán en contra si no hay modificaciones sustanciales en la propuesta.
Al rechazo de los socios habituales se suma el voto en contra del PP, lo que aboca parte de la reforma al fracaso si no cambian las posiciones.
“Esta semana os anuncio que vamos a firmar un acuerdo clave con la patronal y los sindicatos que va facilitar el acceso a una pensión digna a miles de ciudadanas y ciudadanos”, dijo Pedro Sánchez ante su grupo parlamentario.
Antes de este anuncio, la ministra de Seguridad Social destacó en rueda de prensa el “tono constructivo” de los partidos políticos en la comisión del Pacto de Toledo de la semana pasada.
“Respaldada por sindicatos y patronal tiene muchos visos de tener éxito y contribuir a la sostenibilidad del sistema, y avanzar en igualdad social”, indicó ayer Elma Saiz.
Hay partes del acuerdo (suscrito a finales de julio) que no necesitan de apoyo parlamentario para salir adelante, ya que son desarrollos reglamentarios, como los nuevos coeficientes reductores para ocupaciones penosas.
Tampoco depende del voto favorable del Congreso el nuevo rol que la reforma plantea para las mutuas, un papel más protagonista en el tratamiento de dolencias traumatológicas para desatascar las listas de espera, siempre y cuando el paciente consienta. Este nuevo escenario dependerá del desarrollo de convenios autonómicos, así que tampoco podría vetarlo el parlamento.
Sin embargo, la formación de la comisión tripartita de seguimiento de este nuevo papel de las mutuas, así como los cambios en la jubilación activa y la parcial, sí exigen cambios legislativos que necesitan la luz verde de la mayoría del Congreso.
“Se supedita la discusión sobre políticas laborales al diálogo social, con la coletilla de que no se puede tocar ni una coma. Vemos la intención de hurtar al legislativo el derecho de discutir, plantear enmiendas. ¿No podemos opinar del modelo laboral y de pensiones?”, denuncia el diputado de ERC Jordi Salvador.
El hecho de que la norma llegue cerrada, sin discusiones previas con los partidos, también enfada a los parlamentarios de Bildu.
“Tal y como lo han gestionado, solo sabemos algo de este acuerdo por la prensa. Si están calculando para hacernos presión para votar a favor, han calculado mal”, indica el diputado vasco Iñaki Ruiz de Pinedo.
En la misma línea, Néstor Rego (BNG), critica que “se sacralice lo que se acuerde en el diálogo social; se traslada la capacidad legislativa fuera del Congreso”.
El diputado vasco y el gallego van más allá: ponen en cuestión la propia composición del diálogo social.
“Se escoge con quién se quiere negociar, con los dos sindicatos estatales, obviando que otros sindicatos con la condición de organizaciones representativas, como CIG (de Galicia), ELA y LAB (de Euskadi)”, denuncia Rego.
“La mayoría sindical de Euskal Herria está en contra de este acuerdo”, opina Ruiz de Pinedo.
Más allá de cómo ha informado o negociado el Gobierno, estos partidos están en contra de casi toda la reforma, tanto de la que depende del voto favorable del Congreso como de la que saldrá adelante si así lo quiere el Ejecutivo.
“El tema más sangrante es el de las mutuas. Hace falta una revisión holística del sistema, que venimos arrastrando desde la etapa preconstitucional. Sabemos lo que son las mutuas”, critica Salvador, con un discurso parecido al de Rego: “Es gravísimo trasladar a las mutuas las pruebas diagnósticas en casos de traumatismos. Esto es financiar a la sanidad privada en detrimento de la pública. La ministra dijo que serviría para que los trabajadores se recuperen más rápido y mejor. Más rápido seguro, pero mejor no lo sabemos. Seguro que todo lo contrario”.
Los tres partidos nacionalistas de izquierdas también expresan su posición negativa en los cambios en la jubilación parcial y activa.
“Se continúa con política de incentivos a la jubilación demorada. Nos parece un contrasentido y va contra la idea de que hay que trabajar menos para vivir mejor”, critica el diputado gallego.
El PNV sí se ha manifestado a favor del acuerdo, mientras que Junts no ha desvelado el sentido de su voto.
Los sindicatos de clase más representativos de España, CC OO y UGT, han acordado esta reforma de pensiones con el Gobierno y las patronales CEOE y Cepyme.
Introduce cambios en la jubilación parcial y cambios en la modalidad de retiro activo; un nuevo procedimiento para establecer los coeficientes para adelantar la jubilación sin recortes en las profesiones penosas o peligrosas; y un nuevo esquema de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras, derivado del último pacto de convenios que firmaron los agentes sociales.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, defiende el acuerdo, que cataloga como “muy positivo” para trabajadores y pensionistas.
“Las listas de espera son insoportables. Lo que planteamos es una forma de descongestionarlas y solo para las bajas traumatológicas. ¿Por qué un trabajador tiene que estar cuatro o cinco meses esperando una operación tras romperse un brazo si existe la posibilidad de que la mutua le trate más rápido?”, indica, recordando que el pacto fija que la mutua solo participe si el empleado lo acepta y el médico de cabecera lo autoriza.
Recuerda que las mutuas son “entidades de derecho público; no me parece ni razonable ni progresista no velar por la salud de las personas trabajadoras”. También apunta que la CEOE avala el acuerdo, en referencia al rechazo del PP:
“No parece lógico que ninguna fuerza política se posicione en contra”.
Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, insiste:
“Las mutuas son parte del sistema de la Seguridad Social y se financian con cuotas de los trabajadores. Es verdad que queremos cambiar la naturaleza de las mutuas, que estén controladas directamente por Seguridad Social, pero eso no quiere decir que estemos fomentando una privatización. Queremos poner recursos que están disponibles y que no se utilizan lo suficiente al servicio de la salud de los trabajadores, siempre y cuando lo reclame el médico de cabecera y para determinadas patologías”.
Asegura que este pacto no gusta especialmente a la patronal de las mutuas, AMAT, precisamente por esa mayor utilización de recursos de estas entidades.
“No debería haber ningún problema para que esto salga adelante, pero a día de hoy no lo sabemos”.
