Vulcan Materials vs. AMLO: El conflicto por la expropiación en Quintana Roo
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tomado una «jugada» sorpresiva al tomar el control de un puerto y una cantera propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, con quien mantiene una disputa desde hace años.
El lunes, el jefe del Ejecutivo publicó una declaratoria de área natural protegida de una superficie de más de 53 mil hectáreas al sur de Cancún y Playa del Carmen, donde se ubican los terrenos que ocupa Vulcan y una mina a cielo abierto de la compañía extranjera, dedicada a la extracción de piedra caliza a través de su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica).
Antecedentes del conflicto
El conflicto entre AMLO y Vulcan Materials se remonta a 2022, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acusó a la compañía de provocar severos daños ambientales con la explotación de material pétreo en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
La Profepa señaló que la explotación de material pétreo debajo del manto freático había causado «graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo».
Tras esta denuncia, la Semarnat clausuró la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen, parte de Calica, luego de una inspección en el predio La Rosita para verificar si la compañía cumplía o no con las normas ambientales federales.
El conflicto escaló en octubre de 2023, cuando AMLO anunció sus planes para declarar como Área Natural Protegida los terrenos ocupados por Vulcan, argumentando que la empresa se había negado a aceptar una oferta para comprar las 2 mil 300 hectáreas que tiene en la zona.
Reacciones y consecuencias
La decisión de AMLO ha generado reacciones encontradas. Vulcan ha calificado las acciones del gobierno mexicano como «ilegales» y advirtió que ya está en curso un caso de arbitraje.
La empresa estadounidense acusa que el gobierno mexicano está tomando su propiedad por la fuerza para forzarlos a aceptar una oferta que implica una profunda infravaloración de los activos.
En el Congreso de Estados Unidos, las reacciones también han sido negativas. El senador republicano Bill Hagerty ha manifestado que «ningún país o presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de Estados Unidos sin consecuencias».
El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, ha asegurado que «este comportamiento no será tolerado».
