Una propietaria quiere subir 1.000 euros el alquiler de una vivienda en Barcelona
Una propietaria de un edificio de Barcelona quiere subir 1.000 euros el alquiler de una vivienda, pasando de 800 a 1.800 euros. Los inquilinos, Magalí y Ernest, se niegan a asumir la subida y siguen pagando la renta anterior, pero se enfrentan a un juicio para echarlos.
El caso es especial porque cuando llegaron a la vivienda, hace diez años, pactaron con los caseros asumir el coste de la reforma (60.000 euros) a cambio de pagar 700 euros de alquiler (más los aumentos del IPC) y alargar el contrato una década. Ahora, con el contrato vencido desde noviembre, los inquilinos se niegan a asumir la subida y siguen pagando como antes, pero se enfrentan a un juicio para echarlos.
Los inquilinos acusan a la propiedad de querer "echarlos"
Los inquilinos acusan a la propiedad de querer "echarlos" y lamentan que, si claudican y se marchan, estarán "dando alas a otros propietarios para echar a otros vecinos". También explican que poco a poco la finca se ha llenado de extranjeros con alto poder adquisitivo o expatriados.
La propiedad argumenta que la regulación del precio del alquiler "no aplica"
Por su parte, la propiedad argumenta que la regulación del precio del alquiler "no aplica" en este caso porque el piso tiene más de 150 metros cuadrados y estas viviendas quedan fuera del índice oficial del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, fuentes del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de la Cámara de la Propiedad Urbana aseguran que, a falta de referencia del índice, la propiedad, por su condición de gran tenedor, debería mantener el precio del alquiler que figura en el anterior contrato.
El Ministerio confirma que el precio del nuevo contrato debería ser el del anterior
El Ministerio de Vivienda confirma que el precio del nuevo contrato debería ser, a falta de referencia en el índice, el del contrato anterior. El Sindicato de Inquilinas y la Asociación de Vecinos del Fort Pienc han apoyado a la familia en este caso, para el que están recogiendo firmas.
El sindicato lamenta que "la patronal desprecia la regulación y quiere colar [a Ernest y Jordina] una subida del 126% del precio". Acusa a la propiedad de presionar a los vecinos para firmar contratos con subidas de precio, de evitar bajar precios prorrogando los contratos y de imponer cláusulas abusivas.
La propiedad niega las acusaciones
La propiedad, por su parte, niega las acusaciones y asegura que invierte en mantener la finca y está comprometida con los vecinos.
