Isabel Rodríguez pide blindar el parque público de vivienda y reforzar la regulación
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, compareció este miércoles en el Congreso para dar cuenta de las medidas que el Gobierno está adoptando para hacer frente a la crisis de la vivienda y solucionar lo que ha calificado como una «emergencia social».
Entre las medidas anunciadas por Rodríguez destaca el blindaje de los parques públicos de vivienda «a perpetuidad» para que no se puedan vender a precio libre, el aumento de los recursos dedicados a esta política para ampliar la oferta, la bonificación fiscal a los caseros que pongan a disposición sus inmuebles a un precio más barato, el desarrollo de la ley de vivienda y la profundización en la regulación de precios.
«La barra libre no sirve. Sí a la regulación y al desarrollo de la ley de vivienda»,
Rodríguez también pidió cooperación a los Gobiernos autonómicos, con amplia competencia en materia de vivienda, y reforzar la colaboración público-privada.
La comparecencia de Rodríguez se produce a instancia de varios grupos parlamentarios y tras un aumento de las protestas en la calle de jóvenes que reclaman al Gobierno una mayor intervención para bajar el precio de los alquileres. La vivienda se ha convertido en un asunto de Estado y en un campo de batalla política.
Causas de la crisis de la vivienda
La actual crisis de la vivienda se cristaliza en un problema de acceso, más grave que el que sufrían los jóvenes durante la burbuja previa al crac financiero de 2008. Según el Banco de España, el desajuste entre demanda y oferta es abismal: faltan unas 600.000 casas, una situación que tensa el mercado.
También es mucho más difícil acceder a la financiación, por ser más restrictivos los requisitos de las entidades y en un contexto de tipos aún elevados que encarecen los préstamos hipotecarios. El alquiler, la solución más utilizada por los jóvenes que no tienen suficientes ahorros para ser propietarios, tampoco se vislumbra como una panacea.
Al contrario, los precios de las rentas han subido aún más que los de compra, muy por encima de los salarios, sobre todo en las grandes ciudades y las zonas que reciben más viajeros, donde los pisos turísticos que han proliferado en los últimos años meten más presión sobre los precios.
Medidas del Gobierno
El Gobierno insiste en la necesidad de construir un parque público de viviendas que se ofrezcan a precios asequibles, un plan para el cual hace falta constancia y músculo inversor. El Gobierno quiere aprovechar los fondos europeos para acelerarlo.
En este sentido, también tiene que lidiar con una sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado algunos preceptos de la Ley de Vivienda, como la prohibición total de descalificar los parques de pisos públicos, aunque ha respaldado que no se puedan vender a inversores privados o fondos buitre.
La regulación es otro compromiso pendiente, desde los precios al uso de los pisos turísticos, con el handicap de que la competencia en la materia recae en las comunidades autónomas, que pueden decidir o no aplicar las normas que apruebe el Ejecutivo central.
«No existen varitas mágicas. Muchas de las medidas ya en marcha no van a dar efectos inmediatos, otras las estamos poniendo a corto y medio plazo. Todas ellas sentarán las bases para dar respuestas estructurales al problema»
Rodríguez puso como ejemplo a Cataluña por ser el primer territorio en aplicar la ley de vivienda con una regulación de los precios del alquiler.
Reacciones
La comparecencia de Rodríguez llega poco después de que 22.000 personas se manifestaran en Madrid, unas 15.000 en Valencia y 10.000 en Canarias, por el derecho a la vivienda y contra la turistificación, y con nuevas protestas convocadas en varias ciudades.
Después de la marcha en la capital, el domingo 13 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, dotado con 200 millones de euros, para dar ayudas de 250 euros a menores de 35 años. Lejos de contentar a sus socios, la medida ha provocado una oleada de críticas de Sumar, Podemos o ERC, que consideran que solo servirá para encarecer el precio de los pisos si no va acompañada de una regulación de los precios.
