La problemática de las viviendas protegidas en Cádiz
En Cádiz, la aspiración de acceder a una Vivienda de Protección Oficial (VPO) se está convirtiendo en un desafío cada vez mayor para muchas familias. Lo que debería ser una solución para garantizar el acceso a una vivienda digna para los sectores más vulnerables, se está transformando en una barrera económica infranqueable. Familias como la de Alonso Justo, que llevan dos décadas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, ven cómo la posibilidad de tener un hogar se aleja cada vez más.
Según Jesús A. Cañas (2025), en un artículo publicado en El País, la situación se agrava con promociones privadas de VPO que, debido a la subida de tramos aplicada por la Junta de Andalucía, alcanzan precios considerados imposibles para muchos ciudadanos. «Esto es para gente que tenga dinero», afirma Justo, reflejando la frustración de quienes ven cómo estas viviendas se escapan de su alcance.
El testimonio de los afectados
La concejala del PSOE, Natalia Álvarez, ha denunciado públicamente esta situación, recibiendo numerosas llamadas de auxilio de familias que se encuentran en la misma situación que Justo. Ana, otra afectada que prefiere mantener su anonimato, relata que tuvo que desistir de la compra de un piso debido a las duras condiciones económicas impuestas. «El precio me parecía adecuado, pero no vi facilidades ni respaldo para esos pagos iniciales», lamenta.
Otro demandante, también anónimo, se interesó por una vivienda de dos dormitorios cuyo precio ascendía a 220.000 euros, pero finalmente se vio obligado a renunciar. «Me quedé sorprendido con la insistencia de la promotora para que no aceptásemos, creo que era una estrategia. Suponía arruinarme totalmente y todo bajo la bandera de una VPO», denuncia.
La defensa de Grupo Q y la postura de la Junta de Andalucía
La promotora Grupo Q, responsable de la construcción de estas viviendas, defiende el «estricto cumplimiento de la normativa vigente» y asegura que sus precios están «muy por debajo» de los de renta libre. Sin embargo, la realidad es que una serie de factores han contribuido a endurecer las condiciones de acceso a estas VPO, que desde un principio fueron concebidas en régimen de precio limitado, el más alto de los tramos contemplados por la ley.
Álvarez señala directamente a la Junta de Andalucía como responsable de esta situación, argumentando que el nuevo decreto de la administración autonómica ha supuesto un aumento de los módulos a través de coeficientes, lo que, en su opinión, implica «la extinción de la VPO como la conocemos ahora y su función social».
El impacto de las medidas de la Junta
La subida de los precios de referencia del metro cuadrado aplicada por la Junta en la primavera del año pasado, que elevó el precio base de 760 euros a 894,36 euros (hasta 2.683,08 euros en precio limitado en Cádiz), es uno de los factores que han encarecido estas viviendas. Grupo Q se ha acogido a este baremo, argumentando que el hecho de que las viviendas ya estuviesen a medio construir ha acortado los plazos de entrega y de pagos previos asociados.
Pero para Álvarez, esto es solo una muestra de lo que se avecina tras las nuevas medidas adoptadas por la Junta para fomentar la construcción de viviendas. «El decreto sube el IPREM a gente con siete veces más, esos son 4.000 euros mensuales. Un rector de la Universidad ahora se puede poner en registro de demandantes. En nuestro registro de demandantes hay familias con ingresos de dos o una vez el IPREM, ¿para quién estamos construyendo?», se pregunta la concejala.
Alternativas y soluciones propuestas
Eva Tubío, trabajadora social del Ayuntamiento y exconcejala de Vivienda, también critica las medidas de la Junta y propone una alternativa: «Frente a eso defendemos que el suelo público lo desarrolle la propia Administración con parque público para alquiler social o asequible». Tubío considera que esta es la única forma de influenciar y doblegar el mercado del alquiler en la ciudad y frenar la sangría poblacional.
La situación en Cádiz es un claro ejemplo de cómo las políticas de vivienda pueden afectar a la población más vulnerable. Mientras las VPO se vuelven inaccesibles para muchos, la falta de alternativas asequibles sigue agravando la crisis habitacional en la ciudad.
Mientras tanto, familias como la de Justo, siguen luchando por un sueño que cada día se aleja más. «En Cádiz están haciendo un estropicio increíble. Esto se va a quedar para madrileños, catalanes o alemanes. Cualquiera de fuera tiene ese dinero que me pidieron, pero en la ciudad con más paro de España, no. Llevamos 25 años cotizados y no tengo un duro ahorrado», concluye con amargura.
