La pareja de Ayuso denuncia al Ayuntamiento de Madrid por la filtración del expediente de su vivienda
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de la capital, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, por la presunta filtración del expediente de las obras realizadas en el piso donde reside con la líder del Partido Popular. La denuncia, registrada ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sostiene que hubo accesos indebidos a esa documentación antes de que Amador pudiera acceder a ella.
La filtración del expediente se produjo después de que el PSOE y Más Madrid solicitaran acceder a él en marzo, tras surgir sospechas de que Amador había realizado obras ilegales en el inmueble, ubicado en el céntrico distrito de Chamberí. Los grupos de la oposición hicieron esta petición amparándose en su derecho de control y fiscalización del Gobierno, regulado por la Ley de Bases del Régimen Local.
Sorprendentemente, antes de la demanda de Amador, estos dos partidos habían denunciado que el Ayuntamiento había obstaculizado su derecho de acceso a la información, ya que la copia del expediente que recibieron contenía datos censurados y no estaba foliada. Esta irregularidad fue confirmada por dos técnicos urbanísticos consultados por EL PAÍS, y el PSOE denunció la supuesta censura ante la Oficina Antifraude del Ayuntamiento.
Investigación por presuntas infracciones urbanísticas
En paralelo a la denuncia por la filtración del expediente, el Ayuntamiento también ha tenido que responder a una denuncia de Más Madrid por presunta infracción urbanística por parte de Amador. Esta denuncia motivó una inspección el 20 de mayo, que confirmó que Amador había terminado las obras pese a no contar con los permisos necesarios según las bases urbanísticas municipales. Esta información fue adelantada por EL PAÍS un mes y medio antes.
El acta de la inspectora indica que las obras se realizaron en un único inmueble, descartando así la unión entre este piso y el ático superior, adquirido el año pasado por el abogado de la pareja de Ayuso. Una semana después de la inspección, el coordinador del distrito de Chamberí firmó un documento ordenando la "legalización" de las obras.
El Ayuntamiento ha dado un plazo de dos meses a González Amador para obtener la licencia correspondiente. En caso contrario, o si esta le fuera denegada, se podría proceder a la demolición de las obras a costa del interesado. Además, Amador podría enfrentarse a una sanción prevista en la Ley de Suelo, que castiga las obras sin licencia con multas de entre 600 y 30.000 euros.
Otros frentes judiciales de Amador
Amador también está siendo investigado por la Agencia Tributaria y la Fiscalía por dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. En medio de este proceso judicial, el comisionista, que multiplicó los beneficios de su empresa durante la pandemia, ha presentado una querella contra la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa que desmentía las informaciones tergiversadas que el equipo de Díaz Ayuso estaba difundiendo sobre el ministerio público tras la apertura del procedimiento.
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