Almudena Arias, multada con 2.001 euros por unas cajas de Amazon
Almudena Arias compró en Amazon dos barras de cortina que le salieron por 46 euros. Sin embargo, la broma le acabó costando 2.151 euros y una rabia que le dura un año después. Fue multada por un inspector municipal que halló las dos cajas de cartón alargadas apoyadas junto al contenedor, con la pegatina que contenía sus datos personales.
Una multa desproporcionada
Arias luchó contra una multa de 2.001 euros que consideraba infundada, porque no tenían prueba de que ella había dejado ahí los residuos, y desproporcionada, “porque hay gente que gana eso en un mes”. Pero el Ayuntamiento de Madrid desestimó sus recursos y al final acabó pagando la sanción más un recargo de 100 euros.
Una campaña de sanciones drásticas
Arias es una de los 299 madrileños que desde abril de 2022 han recibido multas de 2.001 euros por la campaña de sanciones drásticas contra la suciedad del Gobierno de José Luis Martínez Almeida. El dato de sancionados lo ha obtenido EL PAÍS por medio de una solicitud de transparencia que fue recibida el lunes de la semana pasada.
Falta de pruebas
Como le pasa a otros sancionados, Arias siente que le están robando. El inspector no presenció la supuesta infracción. Simplemente se basó en la pegatina de la caja, una pista fácil de manipular para cazar a quienes ensucian.
Defensa de las causas perdidas
Pero ella se define como defensora de causas perdidas y no podía aceptar un abuso así. También sentía que le tomaban el pelo porque en su barrio del sur de la capital, Orcasitas, los contenedores de cartón están siempre desbordados.
Una cuantía desproporcionada
El Ayuntamiento de Madrid considera que 2.001 euros no es una cuantía desproporcionada porque la ley de economía circular castiga las infracciones graves con multas que van de 2.001 a 100.000 euros. Sin embargo, Arias considera que la multa es abusiva porque no hay pruebas de que ella haya cometido la infracción.
El coste de la justicia
Quienes optan por continuar con la disputa en los juzgados se encuentran con el gasto añadido de un abogado y el coste mental de una larga espera hasta el juicio. Es lo que le pasa a Joan F., un vecino de Carabanchel, Madrid, que pide guardar su anonimato para hablar sobre el asunto.
